Represión no cesó en Semana Santa en Nicaragua: más de 20 incidentes, incluyendo destierros
Este año la Semana Santa coincidió con las fechas importantes que conmemoran el estallido social de abril de 2018.
Oficiales armados fueron desplegados en Managua en el aniversario de la crisis sociopolítica propiciada por la represión sandinista. Imagen de referencia.
Monitoreo Azul y Blanco, observatorio de la represión del régimen sandinista contra la población nicaragüense, reportó por lo menos 20 incidentes represivos durante la Semana Santa de 2025, entre el 14 y el 20 de abril, incluyendo vigilancia policial y destierros de facto (ciudadanos a los que negaron la entrada al país).
Se trata, según el conteo, de:
- 6 instancias de ocupación territorial
- 5 amenazas
- 6 casos de acoso y hostigamiento
- 4 negaciones de entrada al país (destierro de facto)
- 2 detenciones ilegales y arbitrarias
Y al menos un caso de malos tratos y tortura, confiscación de propiedades y una arbitrariedad de carácter notarial. Hubo, en total, 11 víctimas naturales —cuyas identidades permanecen protegidas—, pero Monitoreo subraya que también fueron víctimas colectivos religiosos.
Además de Managua, que por su población acapara mayorías en las estadísticas, los abusos fueron reportados sobre todo en los departamentos de Matagalpa, León, Chinandega y Granada en contra, a nivel perfil, de ciudadanos privados, personas ligadas a la oposición, políticos opositores, excarcelados y presos políticos, y líderes religiosos.
La represión, inclusive, afectó a líderes protestantes al igual que a sacerdotes de la Iglesia católica, la principal víctima de las violaciones a la libertad religiosa en Nicaragua. Contra católicos hubo reportes de intimidación en celebraciones religiosas, vigilancia de parte de oficiales de la Policía Nacional y hasta amenazas dirigidas contra religiosos y laicos, según Monitoreo.
Desde la Semana Santa de 2023, prácticamente todas las celebraciones religiosas han sido relegadas a interiores de los templos, una ordenanza informal ejecutada por la Policía Nacional en violación a la libertad de culto y movilización, y facilitada por un despliegue policial a nivel nacional de alrededor de 14 mil agentes.
En 2024, el régimen fue más explícito, desplegando hasta 4 mil efectivos para la vigilancia permanente de los tempos católicos. Así fueron impedidas por lo menos 4800 actividades que usualmente tenían lugar en todo el país durante la Semana Santa.
Más allá de la Semana Santa, las prohibiciones persisten en el día a día. El régimen sandinista ha desterrado a más de 200 religiosos desde 2018, inicio de la actual crisis sociopolítica, incluyendo a 91 monjas, así como más de 50 sacerdotes, muchos de los cuales también sufrieron prisión política.
Entre 2023 y 2024, medidas de presión económica, como el congelamiento de cuentas bancarias y el cobro de impuestos se añadieron al esquema represivo.
Crucialmente, el régimen sandinista detuvo y/o desterró a varios jerarcas de la Iglesia, como los obispos de Matagalpa y Siuna, así como al presidente de la Conferencia Episcopal. De tal forma que la Iglesia está sobre-extendida, decapitada, apenas capaz de suplir las necesidades espirituales de su feligreses y las materiales de sus templos y personal.
El origen de esta represión es la postura crítica que varios miembros del clero asumieron durante el punto más violento del estallido social de abril de 2018, cuando el régimen cometió crímenes de lesa humanidad en contra de su propia población, según documentación de investigaciones nacionales e internacionales.
