La condena a cinco años de prisión y una multa de 21 mil córdobas para Kevin Alexander Reyes por haber difundido imágenes íntimas de su exnovia, la tiktoker Salma Flores, marca un precedente en este tipo de delitos, una práctica común en Nicaragua, según feministas consultadas por República 18.

El Tribunal de Apelaciones de Managua ratificó la sentencia 062-2023 dictada en el Juzgado Segundo Distrito Penal de Juicio de Managua el pasado mes de junio y se basa en la Ley 1042, Ley Especial de Ciberdelitos, que entró en vigencia el 30 de octubre de 2020 y que ha servido también para castigar a opositores y periodistas, señalándolos de difundir noticias falsas.

Aunque las feministas nicaragüenses celebran que aparentemente se hizo justicia en el caso de Flores, aseguran que es contradictorio que esta ley ha sido utilizada para perseguir a críticos del régimen sandinista.

“Es bueno saber que hay una mínima cuota de justicia en el país, pero también esta ley ha sido un arma de doble filo, porque con la misma, varios opositores han sido apresados injustamente y han emprendido persecuciones”, dijo la feminista nicaragüense exiliada, Heyling Marenco a República 18.

Marenco asegura que al régimen de Nicaragua nunca le ha importado la protección de los derechos de las mujeres.

“Habría que revisar también por qué lo están haciendo y cómo lo están haciendo, porque no creo que sea un interés pleno de acceso a la justicia, porque si no, no tuviéramos a tantas mujeres feministas desplazadas y tantas organizaciones canceladas”, afirmó.

La feminista nicaraguense Marjourie Duarte, celebró la sentencia, pero a la vez, puso en duda si el régimen la hará cumplir o si indultará al agresor, como es el caso de los femicidas.

“Estas prácticas del régimen, son para caer en una impunidad parcial, porque utilizan casos como estos para maquillar informes internacionales y decir que respetan o protegen los derechos de las mujeres”, dijo Duarte.

En julio de 2022 se presentó la acusación contra Kevin Reyes, que lo señaló por publicar en redes sociales un video donde él aparece sosteniendo relaciones sexuales con Salma Flores.

Además, se le atribuyó el haber sustraído fotos íntimas del celular de la víctima.

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A Reyes se le toma en cuenta el tiempo que pasó en prisión preventiva desde julio de 2022, por lo que ya lleva un año y cinco meses de la sentencia.

¿Qué deben hacer las víctimas?

La feminista nicaragüense, Marjourie Duarte, dijo por su parte que las mujeres que son víctimas de este tipo de delito deben acudir a las autoridades y a las redes de apoyo con las que cuenten.

“Hay que denunciar con una voz fuerte quien es la persona que te está violentando y acercarse a grupos que acompañan a las mujeres. Es necesario acercarse a su red de apoyo y buscar a un profesional del derecho que pueda asesorarla”, dijo Duarte a República 18.

Marenco aseguró que, ante la cancelación de organizaciones que apoyaban a las mujeres en Nicaragua, estas han tenido que construir sus redes de apoyo personales.

“Creo que parte de las cosas que ya se hacen es tener las redes de mujeres. Se debe acompañar de herramientas emocionales y se debe denunciar cuando se esté preparada. Es necesario tener redes donde sepás que podás hablarlo primero y luego seguir la ruta de denuncia”, dijo Marenco.

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Las mujeres en Nicaragua tienen pocas posibilidades para denunciar filtraciones de imágenes íntimas, especialmente a través de canales de difusión en redes sociales.

El artículo 195 del Código Penal, a través de una reforma contemplada en la Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres y de reformas a la Ley No. 641, Código Penal establece que: “Quien hallándose legítimamente en posesión de una comunicación, de documentos o grabaciones de carácter privado, los haga públicos sin la debida autorización, aunque le hayan sido dirigidos, será penado de sesenta a ciento ochenta días multa”.

Y agrega que “… si las grabaciones, imágenes, comunicaciones o documentos hechos públicos son de contenido sexual o erótico, aunque hayan sido obtenidos con el consentimiento, la pena será de dos a cuatro años de prisión. Cuando se trate de documentos divulgados por internet, el juez competente a petición del Ministerio Público o quien esté ejerciendo la acción penal, ordenará el retiro inmediato de los documentos divulgados”, señala el artículo.