Régimen sigue sometiendo al Poder Judicial con destituciones masivas

La “barrida” de funcionarios del Poder Judicial, puesta en marcha desde hace dos semanas por parte de la Policía Nacional, sigue en curso, extendiéndose ahora más allá de Managua, hacia los departamentos, todo mientras la sede de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en la capital sigue ocupada por agentes policiales.

“El patrón es el mismo. La policía se toma por asalto los complejos judiciales, y en compañía de un magistrado de Tribunal de Apelaciones asignado, llaman al trabajador, le notifican su destitución en presencia de policías y les piden que entreguen sus celulares y contraseña”, explicó por medio de su cuenta de Twitter el abogado penalista y ex-trabajador del Poder Judicial en el exilio, Yader Morazán.

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Pero no son destituciones formales. No hay un proceso real, no hay papeleo a priori y, por ende, los trabajadores no reciben ni los salarios faltantes ni las prestaciones que les corresponden. Morazán calificó el operativo como un tipo de “golpe de Estado institucional” en el que el Ejecutivo, en este caso dirigido presuntamente por la vicepresidente y primera dama, Rosario Murillo, estaría desmantelando al Judicial y centralizando su poder.

Aunque no hay un número preciso debido a la naturaleza irregular y expedita de las destituciones, los estimados de analistas y fuentes anónimas posicionan las destituciones entre 100 y 400 al momento de publicarse esta nota.

Castigo a la corrupción y reajuste

“Aunque no se ha dejado entredicho bajo ninguna circunstancia que el Poder Judicial no sea legal al régimen Ortega-Murillo y que no cumpla a cabalidad las indicaciones como instrumento represivo e institución perseguidora política, me parece que la intención principal es, en todo caso, refrendar esa lealtad“, dijo a República 18 el abogado y defensor de derechos humanos, Uriel Pineda.

“No sólo basta hacer lo que les piden, sino que exigen un compromiso mayor”; pero Pineda también cree que hay un elemento de corrupción. “Es decir, cuando se hacen públicos todos los privilegios que tenía Alba Luz”, la ex-presidente de la Corte Suprema de Justicia y una de las primeras depuestas en la purga, “no deja de ser impresionante”.

Ramos mantenía una amplia red de nepotismo en el Poder Judicial. Por lo menos 15 familiares suyos, tanto directos como políticos, laboraban junto a ella en la institución, mismos que fueron depuestos junto con ella. “El número de vehículos que tenían asignados eran más de 100; eso, cuando se ve en términos numéricos, es significativo”, señaló Pineda.

Y mientras que todo el régimen es corrupto, “aquí hay una centralización de la corrupción y al régimen le preocupó que hubiese gente al margen de lo autorizado que estuviese tan desvergonzadamente cometiendo actos de corrupción; también fue una medida para poner el ejemplo“, considera.

“Cuando vemos que ya son más de 300 despidos y teniendo la seguridad de que esas plazas van a ser reocupadas”, Pineda cree que esto apunta a un reajuste presupuestario. “Es decir, ante la caída de la recaudación y el cierre de la cooperación internacional, los recursos del Estado son cada vez más reducidos y me da la impresión de que tiene que ver con una lógica de compactación del Poder Judicial”, expuso el abogado.

Objetivo: El Ejército

Esta campaña, señala Pineda, podría empezar a afectar a otros poderes que el Ejecutivo pudiera desear compactar. “El sector público en Nicaragua ronda entre los 250 y 300 mil trabajadores. Cuando Ortega entró en 2007, estaban en el sector pública alrededor de 150 mil”, por lo que, ante las presiones externas, el régimen buscaría reformar su estructura interna para sobrevivir, eliminando personal redundante.

“En todo este tiempo, se ha ensanchado la operación de la administración pública y es inevitable que esto llegue también al Ejército, tal vez no con tanta violencia, pero es, y si lo vemos en términos prácticos, la única instancia que puede afrontar una arremetida del régimen toda vez que tiene armas; ni la misma Policía tiene esa capacidad de reaccionar ante una situación así”, comentó PIneda.

Pineda interpreta esta barrida como una “implosión” no sólo desde dentro de “lo que queda del Frente Sandinista”, sino del aparato estatal como se entendía hasta ahora.