Cancelación de personerías jurídicas de organizaciones en Nicaragua deja una pérdida de 255 millones de dólares
De igual manera han sido afectadas más de 23 mil personas que se fueron al desempleo y 3.4 millones de beneficiarios en todos los departamentos del país.
El impacto económico de la cancelación de la personería jurídica de unas 3,364 organizaciones sin fines de lucro en Nicaragua dejó una pérdida de 255 millones de dólares anuales por la ejecución de proyectos que desarrollaban estas ONG en el país.
El director de la Fundación del Río, Amaru Ruíz, dijo a República 18 que esta estimación de impactos se realizó a través de un muestreo con 53 organizaciones de la sociedad civil que dispusieron datos sobre ejecución presupuestaria, trabajadores formales y cuántos beneficiarios atendían.
“De ese análisis nosotros podemos decir que el impacto del cierre de las organizaciones sin fines de lucro, ha significado la pérdida de 23,483 personas que se fueron al desempleo, porque eran empleadas por proyectos de estas organizaciones”, señaló Ruíz.
Más de 3 millones de beneficiarios han sido afectados
El ambientalista destaca que el cierre de las organizaciones sin fines de lucro ha afectado a 3.4 millones de beneficiarios en todo el país. “Es decir, aquí hay un impacto sustancial, es más, estos datos todavía son conservadores, evidentemente porque no tuvimos una muestra mucho más amplia”, enfatizó.
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El informe destaca que en lo que va del año 2023 se contabilizan 153 organizaciones de la sociedad canceladas por el régimen de Daniel Ortega, sin embargo, el 98% de las cancelaciones ocurrieron en 2022.
Las organizaciones canceladas por el régimen sandinista el año pasado fueron oficializadas en 73 gacetas a través de 4 instrumentos legales como; decretos de la Asamblea Nacional, acuerdos ministeriales, ley especial o cambio jurídico y resoluciones administrativas.
El informe también destaca las acciones represivas detrás de las cancelaciones de las personerías jurídicas: la criminalización de la labor de los organismos sin fines de lucro, la desarticulación del tejido territorial, el control de la cooperación al desarrollo y la hegemonía sobre el bien común y la ayuda humanitaria.
Disolución voluntaria es producto de la presión política
Ruíz también menciona la figura de la “disolución voluntaria”, una medida que algunas organizaciones han tomado tras la aprobación de la Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro o Ley 1115, publicada en el 6 de abril de 2022.
“No es mas que la presión que han tenido las organizaciones y les ha hecho que no continúen desarrollando proyectos en Nicaragua y tengan que pedir que se le cancele su personería jurídica”, explicó.
La Ley 1115 también ha obligado a 43 organizaciones sin fines de lucro a apegarse al proceso de convalidación o de cambio de régimen jurídico luego de la derogación de la antigua ley que regía sobre las organizaciones sin fines de lucro o Ley 147.
Esto significa que después de aprobada la Ley 1115, los organismos sin fines de lucro deben presentar de nuevo su documentación para obtener la convalidación y seguir operando en el país, señala el informe.
“El país se queda sin recursos y sin experiencia para fomentar el desarrollo”
El 52% de estas organizaciones sin fines de lucro nacionales canceladas tenían domicilio en el departamento de Managua, mientras que los 40% de las organizaciones internacionales canceladas eran originarias de Estados Unidos.
Mientras el 38% de las organizaciones nacionales canceladas atendían temáticas de derechos humanos y el 74% de los organismos internacionales cancelados se dedicaban a la cooperación para el desarrollo.
Ruíz señala al respecto que el cierre masivo de estas organizaciones sin fines de lucro ha generado el despido de personal capacitado que tienen años de experiencia en trabajos de cooperación para el desarrollo, que no ven oportunidades para trabajar en el país lo que los empuja a migrar hacia Estados Unidos, Costa Rica o España.
“El país se queda sin esos recursos y sin esa experiencia para seguir fomentando la cooperación al desarrollo y también aumenta los procesos de desatención de los beneficiarios finales de esos proyectos, que eran las comunidades”.
