Nicaragua: un nuevo fraude en medio de terror estatal

Urnas Abiertas considera que el horizonte electoral municipal para
este 2022 no es favorecedor, ya que persiste el estado policial y no hay
condiciones democráticas necesarias para realizar comicios legítimos.

  • 8:52 pm
  • Jun 29, 2022
elecciones municipales en Nicaragua
República 18

La organización independiente, Urnas Abiertas, realizó un informe denominado “Nicaragua: entre el fraude y el terror”, en el cual relata la situación de Derechos Humanos y la persistencia del estado de terror por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

La continuidad de la violencia política y la persistencia del estado de terror ha sido posible gracias a la permanencia en el poder del régimen nicaragüense consolidado a través del fraude electoral de 2021, destaca Urnas Abiertas en un escenario previo a las elecciones municipales que aún no han sido convocadas oficialmente.

“Desde Urnas Abiertas se ha señalado que los tiempos de convocatoria de elecciones municipales han venido disminuyendo, de un año a seis meses desde que Ortega regresó al poder”, señala.

La organización destaca que el horizonte electoral – municipal para este 2022 no es favorecedor en tanto y cuanto no se observen cambios en las condiciones democráticas necesarias para realizar comicios legítimos.

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Dictadura perfecciona autocracia

Durante un foro realizado por Urnas Abiertas, Paulo Abrao, exsecretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señaló que al no permitir elecciones libres, el régimen nicaragüense consolida su poder autoritario.

“Desde que estaba en la CIDH, acompañando la realidad de Nicaragua y basado en los informes de organismos internacionales, se ha constatado crímenes de lesa humanidad que se han cometido en cuatro años.

La represión se va transformando a medida que profundizan el modelo autocrático y autoritario. De esta forma, se constata una total impunidad”, señaló Abrao.

El especialista en derechos humanos destacó que el régimen nicaragüense refuerza el Estado Policial con el cierre de espacios sociales.

“Esto consolida un estado policial, que utiliza la fuerza pública para intimidar a la sociedad. Un país donde están prohibidas las protestas, allanamientos a las organizaciones y medios, injerencia del Poder Ejecutivo sobre los demás poderes, es un efectivo estado policial, manteniéndose a través del miedo”, señaló.

Régimen incrementa terror

Urnas Abiertas señala que si bien la represión a través de paramilitares ha disminuido entre enero y mayo, se han registrado otras estrategias represivas con actores institucionales.

La organización señala que los agentes policiales siguen constituyendo los principales operadores de la  represión, a través de la ejecución de  hostigamiento, detenciones arbitrarias,  allanamientos y confiscaciones y otro  tipo de agresiones.

Sin embargo, se identificaron, a través de los reportes ciudadanos recibidos, otros operadores no  armados, en su mayoría institucionales,  como: Sistema Penitenciario, Sistema de  Justicia, Asamblea Nacional, Dirección de  Migración y Extranjería, Alcaldías, Civiles,  entre otros.

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De esta forma, el régimen realiza actos de represión migratoria, confiscando pasaportes, negando la renovación de pasaportes y los ingresos al país.

Además, se reporta la negación o dilación  de otros documentos como cédulas y  partidas de nacimiento aduciendo problemas en el registro, estos casos se han  dado con personas opositoras pero también con trabajadores del Estado que no  son afines al gobierno o que no votaron  por el FSLN en las elecciones pasadas.

Extorsión fiscal

Urnas Abiertas registra casos de las alcaldías  realizando auditorías a negocios, que  indican no tener cambios significativos  en sus ventas, sin embargo, los funcionarios municipales constantemente les  amenazan con subirles los impuestos correspondientes.

“Algunos de los casos se  refieren a cobros del INSS por supuestos  “pagos vencidos”, incluso en casos donde  la empresa fue cerrada desde 2007. En  todos los casos reportados las víctimas  se identifican como personas opositoras o que no han apoyado abiertamente  al Gobierno después de la represión de  2018”, señala el informe.