Régimen ilegalizará otras 191 organizaciones de Nicaragua

El régimen de Daniel Ortega, a través El diputado sandinista Filiberto Rodríguez, introdujo este martes 14 de junio en la Asamblea Nacional una nueva iniciativa de decreto legislativo para cancelar la personería jurídica de 98 organizaciones de Nicaragua sin fines de lucro.

Estas organizaciones se suman a otra propuesta para cancelar 93 oenegés que presentó el pasado 10 de junio, el diputado sandinista. Por tanto, en las próximas sesiones se espera que los parlamentarios ilegalizarán a 191 asociaciones.

Las organizaciones no gubernamentales canceladas por el régimen en Nicaragua ya totalizan 562, de las cuales 488 han sido despojadas de su personería jurídica en lo que va del 2022.

De acuerdo al anteproyecto  de cancelación, el lunes 13 de junio la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro del Ministerio de Gobernación, a cargo de la sandinista Franya Urey Blandón, envió un informe al presidente de la junta directiva, el diputado sandinista Gustavo Porras, donde le solicita la cancelación de las 98 oenegés por el supuesto “incumplimiento de sus obligaciones” de acuerdo a la Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro, Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, y Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo.

Entre la nueva lista de 98 organizaciones se encuentra la Asociación para el Desarrollo Económico Local (Asodel), también incluye organismos de apoyo a MiPymes, regionales, de personas con discapacidad, salud, de apoyo a mujeres, entre otras.

Nuevas organizaciones a ilegalizar, mismos argumentos

Gobernación utiliza los mismos argumentos para cancelar, señalando que las organizaciones no reportan los estados financieros con desglose detallados de sus ingresos, egresados y el origen y destinatario final de sus donaciones.

Asimismo, los acusa de tener juntas directivas vencidas, y de no reportar el nombre, apellidos, dirección, número de cédula y pasaporte de sus miembros y donantes.

“La Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro, que a tal efecto lleva el Ministerio de Gobernación, deberá proceder a la cancelación de la inscripción respectiva de cada una de estas Asociaciones/Fundaciones contenidas en este Artículo en un plazo no mayor de setenta y dos horas”, indica el documento.

Además, entre las organizaciones canceladas se encuentran Asociación Liga de Cooperativas/Nicaragua (CLUSA/NICARAGUA), Asociación de Pescadores Artesanales Miskitus (APAM); Asociación Mutua del Campo (MUTUA), Asociación Esperanza del Futuro (AEF), Fundación Santa Cruz conocida como Tininiska (TININISKA), Asociación la Unión para la Salud. Asociación de Discapacitados Nicaragüenses (ASODIN), Asociación Comunitaria para el Desarrollo de Guinea Vieja (ACODEVGI) y la Asociación para el Desarrollo de Quilalí (ASODEQ).

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Así como, la Asociación de Desarrollo Integral Río Medina (ADIRM), Fundación Pro Desarrollo Integral de Municipios de Nicaragua (PRO-MUNICIPIO), Asociación de Capitanes y Marinos Unidos por la Costa Atlántica (ACMUCA), también la Asociación de Jóvenes por el Desarrollo de Estelí (AJOPRODES), Asociación de Desarrollo Miskito y Sumo de la Cuenca Media (ADEMSCUM), Asociación de Técnicos y Profesionales del Municipio de Waspán (ASPRODEMWA) y la Asociación Red Nacional de Defensa de los Consumidores, entre otros.

Colectivo de Derechos Humanos condena ilegalización de organizaciones en Nicaragua

Por su parte, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más se pronunció ante las ilegalizaciones calificando la decisión de “arbitraria”.

“El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más condena la cancelación arbitraria de la personalidad jurídica de 93 organizaciones no gubernamentales, a través de la Asamblea Nacional y el Ministerio de Gobernación por supuestamente no inscribirse de acuerdo con la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y violar la Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro y la Ley contra el Lavado de Activos”, señala un comunicado del Colectivo.

“Nuevamente el régimen Ortega Murillo utilizando las leyes en este período de intensa represión, canceló a las organizaciones: Fundación Cocibolca, Centro Nicaragüense de Escritores, Asociación Foro Educativo Nicaragüense Eduquemos, Asociación Red de Comunicadores Ambientales de Chinandega, (Recach), entre otras”, añade.

Leyes para aniquilar organizaciones en Nicaragua

A raíz de las más de las masivas cancelaciones de personerías jurídicas por parte del régimen de Daniel Ortega, desde diciembre de 2018, el 6 de abril de 2022, publicó en La Gaceta la Ley N° 1115 “Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro”, que establece un nuevo marco jurídico aplicable para las Organizaciones sin Fines de Lucro.

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Esta regulación reconoce a la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro, bajo el mando de Franya Urey Blandón, como una dependencia del Ministerio de Gobernación (MIGOB) y como la autoridad encargada de regular, controlar, supervisar y sancionar a las OSFL que operen en Nicaragua.

El ambientalista Amaru Ruiz, a quien la ONG que dirigía (Fundación del Río) fue ilegalizada, señaló que el régimen nicaragüense ha acusado a las organizaciones sin fines de lucro internacionalmente de lavar dinero.

 “La nueva norma, prácticamente se creó para justificar la criminalización de las organizaciones de la sociedad civil. Antes de esa aprobación, envió un informe al Gafilat en la que incluía a más de mil organizaciones que ellos consideran de riesgo en el país. Sin embargo, nadie conoce qué factores tomaron en cuenta”, consideró Amaru Ruiz, titular de Fundación del Río, durante un foro el pasado 19 de mayo.