Régimen arrebata la nacionalidad a 135 excarcelados políticos

El comunicado de la Corte Suprema señala que “de esta manera, la Sala Penal confirma el compromiso y deber jurídico de exigir  responsabilidades a los  autores, organizadores, financiadores y patrocinadores de estos reprobables actos delictivos contra nuestra población”.

  • 9:05 am
  • Sep 10, 2024

Fachada de las oficinas de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua.

Medios oficialistas
República 18

La Corte Suprema de Justicia señalada por su afinidad con el régimen sandinista, oficializó este martes el arrebato de nacionalidad a 135 personas que fueron excarceladas y enviadas  a Guatemala este 5 de septiembre. Con esta medida ya suman más de 450 casos. 

La comunicación emitida 5 días después de la expulsión de estas personas del país,  justifica la acción señalando que la Sala Penal Uno del Tribunal de Apelaciones, Circunscripción Managua realizó la acción con base en Constitución Política, Código Penal y Leyes #1055 (Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberania y Autodeterminación para la Paz) y #1145 (Ley Especial que regula la pérdida de la Nacionalidad Nicaragüense). 

Aseguran que las personas excarceladas fueron “condenadas por hechos delictivos que atentaron contra la Soberania, Independencia y Autodeterminación del Pueblo Nicaragüense, incitando y promoviendo la violencia, el odio, terrorismo y desestabilización económica, alterando la Paz, Seguridad y el Orden Constitucional”.

Así mismo, indican que que la resolución judicial el decomiso de todos los bienes de los condenados, a fin de responder por los “daños materiales e inmateriales que las actividades delictivas de estos, población y al país con lo cual se hace justicia efectiva, a las víctimas de estos delitos”. 

El comunicado dice además que “de esta manera, la Sala Penal confirma el compromiso y deber jurídico de exigir  responsabilidades a los  autores, organizadores, financiadores y patrocinadores de estos reprobables actos delictivos contra nuestra población”.

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Advierten que este acto constituye “un paso más, en dirección al legado de paz, solidaridad, dignidad, justicia, verdad y convivencia pacífica, que demanda nuestro Pueblo”.  

En febrero 2023, la misma Sala Penal arrebató la nacionalidad y expulsó del país a 222 ciudadanos y posteriormente a otros 94, asegurando que “los deportados fueron declarados traidores a la patria y sancionados por diferentes delitos graves e inhabilitados de forma perpetua para ejercer la función pública en nombre del servicio del Estado de Nicaragua, así como ejercer cargos de elección popular, quedando en suspenso sus derechos ciudadanos de forma perpetua”.

Luego del arrebato de nacionalidad al primer grupo, países como Estados Unidos, Colombia y Chile urgieron al Estado de Nicaragua cesar el hostigamiento en contra de los opositores y disidentes.

Por otro lado, organismos nacionales e internacionales de derechos humanos han condenado el destierro de los nicaragüenses y demandado al Estado de Nicaragua que ponga fin a toda acción arbitraria que atente contra las libertades individuales.