Asamblea aprueba a toda prisa reforma constitucional para que Ortega y Murillo sean “co-presidentes”
Dado que se trata de una enmienda constitucional, esta ley de reforma entrará en vigor el próximo año, una vez sea aprobada en la segunda legislatura.
Este viernes, el Parlamento de Nicaragua controlado por el oficialismo aprobó de “manera unánime” la Iniciativa de Ley de Reforma “Parcial” a la Constitución Política en tiempo récord.
Los diputados sandinistas y sus aliados en la Asamblea se tomaron tan solo 48 horas para dictaminar favorablemente y aprobar la propuesta de reformas constitucionales.
El texto de la enmienda ni siquiera fue discutido en el plenario de la Asamblea Nacional.
El Presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, explicó que la reforma será ratificada en Segunda Legislatura en el mes de enero de 2025.
Dado que se trata de una enmienda constitucional, esta ley de reforma entrará en vigor el próximo año.
La reforma que modificaría más de 100 artículos de la Constitución Política ha sido fuertemente cuestionada por opositores asegurando que violenta derechos humanos y que busca entre otras cosas, garantizar la sucesión dinástica de la familia Ortega-Murillo.
En el Artículo 138 se hace referencia a que podrán existir vicepresidentes de la figura de copresidentes; además el régimen aumentó el término presidencial por un año más.
“Los Co-Presidentes podrán nombrar Vicepresidentes que desempeñarán las funciones que les asignen”, dice el artículo 138 de la citada propuesta de reforma.
De igual modo el Artículo 94, faculta a la presidencia a “ordenar la intervención del Ejército de Nicaragua en apoyo a la Policía Nacional, cuando la estabilidad de la República lo requiera”, mientras que el 97 formaliza a los grupos para-policiales y para-militares que sembraron el terror durante los episodios de mayor violencia en 2018, la llamada “Policía voluntaria“, como cuerpo auxiliar de la Policía regular.
Por otro lado, en el Artículo 181 se establece que “el Estado organizará, mediante una ley de carácter constitucional, el Régimen de Autonomía para los Pueblos Indígenas y las Comunidades Étnicas de la Costa Caribe”.
Defensores de los puenlos indígenas han señalado que la propuesta busca que el Estado elabore una ley de carácter constitucional que derogaría la Ley No. 28, que actualmente regula el régimen autonómico de la Costa Caribe.
Lamentaron que la misma no ha sido consultada con las comunidades y que ni siquiera se tiene en cuenta a las autoridades locales impuestas por el Estado para avanzar en un cambio tan radical del régimen de autonomía.