Cristiana Chamorro es acusada formalmente por el Ministerio Público

El Ministerio Público de Nicaragua (Fiscalía), bajo el contro del régimen de Daniel Ortega presentó este martes 01 de junio acusación contra Cristiana Chamorro Barrios por los delitos de gestión abusiva, falsedad ideológica, ambos vículados a la causa abierta por lavado de dinero, bienes y activos.

A través de un comunicado el Ministerio Públicó también solicitó la inhibición y retención migratoria a la aspirante presidencial, en su calidad de ex directora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH).

“El Ministerio Público procedió a solicitar las medidas precautelares de retención migratoria (para evitar que evadan el proceso investigativo llevado en su contra); la prohibición de concurrir a determinadas reuniones y lugares; y prohibición de comunicarse con personas vinculadas a los hechos investigados en contra de María Lyli Delgado, María Lourdes Arróliga y Guillermo José Medrano. Estas mismas medidas se solicitaron en contra de la señora Cristiana María Chamorro Barrios, más la inhabilitación para cargos públicos, por no estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos por encontrarse en un proceso penal”, dice parte de la nota del Ministerio Público.

Al mismo tiempo, el Ministerio Público a través de su comunicado señaló que seguirá llamando a todas aquellas personas que aparecen como beneficiarias de la FVBCH.

La decisión de la fiscalía se da luego que Cristiana Chamorro acudiera este martes a las instalaciones de la Alianza Ciudadanos por la Libertad (ACxL), para mostrar interés en conocer el proceso de inscripción de precandidatos y presentar propuestas de modificaciones.

Precandidatos reaccionan a inhibición contra Cristiana Chamorro

El precandidato presidencial Félix Maradiaga, se pronució al respecto, condenando la acción del gobierno de Daniel Ortega, calificandola de “arbitraria”

“Quiero expresar mi más absoluto rechazo a la injusta persecución política contra Cristiana Chamorro, que nace del miedo que la dictadura le tiene a un proceso electoral libre. La acción arbitraria del régimen, amerita el más amplio repudio nacional e internacional. Hoy más que nunca es necesaria la mayor unidad posible frente a la dictadura”, dijo Maradiaga.

Por su parte, el también precandidato Juan Sebastian Chamorro, y primo de Cristiana, condenó la decisión de la fiscalía.

“Otra absurdidad legal de la dictadura pretender inhibir a Cristiana. Sólo puede inhibirse a un candidato en caso de sentencia firme y aquí ni siquiera hay un proceso”, publicó Juan Sebastian en su cuenta de Twitter.

Irregularidades en el proceso

La fiscalía acusa a Cristiana Chamorro Barrios por el delito de “Falsedad ideológica”. El artículo 285 del Código Penal de Nicaragua, establece que la declaración falsa en documentos públicos o privados conlleva al delito de “falsedad ideológica”

“Las penas previstas para la falsificación material de instrumento o documento público o privado son aplicables a quien inserte o haga insertar en un documento o instrumento público declaraciones falsas, concernientes a un hecho que el documento deba probar”, señala el Código Penal.

“Ese delito usualmente se aplica a los notarios, al particular que no es abogado, normalmente se le acredita el uso de documentos falsos, ya sea por falsedad material o falsedad ideológica”, explicó el abogado Julio Montenegro.

También se acusa a Chamorro Barrios de “Gestión Abusiva”, contemplada en el artículo 278 del Código Penal:

“El directivo, gerente, vigilante, auditor, representante legal, administrador de hecho o de derecho o socio de una entidad mercantil o civil, con o sin fines de lucro, que adopte o contribuya a tomar alguna decisión o acuerdo abusivo en beneficio propio o de terceros, en grave perjuicio de la empresa o entidad, será penado con prisión de uno a tres años e inhabilitación especial por el mismo período para ejercer profesión, oficio, industria o comercio. La misma pena se impondrá cuando las personas mencionadas en el párrafo anterior alteren cuenta o información financiera con el objeto de presentar una situación distorsionada de forma idónea para causar perjuicio económico de la entidad, a alguno de los socios o terceros”, establece el Código Penal.

“Habría que ver cuál es el perjuicio que pudo haber producido a la Fundación, siendo la directora de esa entidad. Habría que ver cuáles son los elementos que tomaron en cuenta para estimar que ella recayó  en ese delito”, dijo Montenegro.

Con relación a las medidas cautelares impuestas a los investigados, Montenegro asegura que estas no deben perjudicar sus labores.

“El Ministerio Público puede solicitar algún tipo de medidas precautelares, no definitorias, que no afecte la libertad de los ciudadanos. El problema es cuando el origen de un proceso no corresponde con hechos concretos auténticos. A penas estamos en una etapa investigativa, solo cuando hay fuertes presunciones se pueden hacer este tipo de peticiones”, concluyó el abogado.

No obstante, el artículo 47 de la Constitución Política de Nicaragua, establece que no puede haber suspensión de derechos civiles mientras no exista la sentencia de un judicial.

“Todos los ciudadanos gozan de los derechos políticos consignados en la Constitución y las leyes, sin más limitaciones que las que se establezcan por razones de edad. Los derechos ciudadanos se suspenden por imposición de pena corporal grave o penas accesorias específicas, y por sentencia ejecutoriada de interdicción civil”, establece el artículo 47 de la Carta Magna.