Represión en Nicaragua es política de Estado señala informe
El estudio del Colectivo de DDHH Nicaragua Nunca + habla sobre la progresiva destrucción del Estado de Derecho y como la impunidad pasó a ser parte de una política amparada por el régimen de Daniel Ortega.
La represión en Nicaragua forma parte de una política de Estado esgrimida por el régimen de Daniel Ortega, señala un informe presentado este 29 de junio en Costa Rica.
El informe elaborado por el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, es una recopilación de violaciones a los derechos humanos entre 2021 y mayo de 2022 en Nicaragua.
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“Nicaragua: Entre represión y resistencia ciudadana”
“Nicaragua: Entre represión y resistencia ciudadana” consta de ocho capítulos que refieren como paulatinamente fue demolida la institucionalidad democrática en Nicaragua.
También habla sobre la progresiva destrucción del Estado de Derecho y como la impunidad pasó a ser parte de una política amparada por el régimen de Ortega.
Explica también cómo esta política facilitó la represión que se vive en Nicaragua desde el año 2018 apoyada por el uso de las armas y de agentes paraestatales.
“Este es un informe que recoge 17 meses de represión pero también 17 meses de resistencia ciudadana frente a la brutalidad del régimen”, dijo a República 18, Juan Carlos Arce, abogado defensor de derechos humanos.
Como expresa Arce, el informe también se refiere a la resistencia ciudadana que, a pesar de la persecución y el exilio, continúa tanto fuera como dentro de Nicaragua.
Régimen comete crímenes de lesa humanidad, señala informe
El miembro del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca + añade que otro tema relevante abordado es la institucionalización de la práctica de la tortura.
El trabajo está sustentado en el testimonio de 143 nicaragüenses víctimas de tortura durante las manifestaciones cívicas iniciadas en abril de 2018.
Dichos testimonios refleja la implementación de al menos una treintena de practicas o formas de tortura, utilizadas para someter a manifestantes o disidentes políticos.
Desde violencia física que se resumiría en golpes, detenciones arbitrarias y violaciones, hasta violencia psicológica como interrogatorios extenuantes y encierros prolongados.
“Hay que destacar que los actos de tortura son catalogados como crímenes de lesa humanidad por los cuales (los perpetradores) serán juzgados eventualmente”, añadió Arce.
Los actos de tortura no se limitaron a los presos políticos, también se extiende hasta sus familiares quienes son sometidos a tratos humillantes y denigrantes.
La represión es una política de Estado en Nicaragua
“La represión es una política de Estado que se sostiene a través de un engranaje represivo que es altamente eficaz”, agrega Arce.
Este engranaje está configurado gracias a la participación activa y protagónica de todos los poderes del Estado, especialmente la Asamblea Nacional, el Ministerio Público y la Policía Nacional.
En este caso, la Asamblea Nacional se ha convertido en una fábrica de leyes represivas, obviando su labor de trabajar en pro del desarrollo de la Nación.
En los últimos años ha pasado la aprobación de leyes como la de Regulación de Agentes Extranjeros, la Ley Especial de Ciberdelitos, la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo, así como una reforma al Código Penal para aplicar la cadena perpetua.
El informe también abarca las acciones del poder judicial y como este mantiene encarceladas a más de 180 personas por razones políticas con apoyo de la Policía Nacional.
