Cancelación de ONG en Nicaragua deja a mujeres en total indefensión
La ilegalización por parte de la Asamblea Nacional de organizaciones con enfoque feministas impactará en la seguridad de las mujeres en Nicaragua, que cada vez quedan más desprotegidas.
Con la cancelación de más de cien Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en Nicaragua por parte de la Asamblea Nacional bajo en control del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, entre las que figuran asociaciones promotoras y defensoras de los derechos de las mujeres, aumenta la vulnerabilidad, la desprotección e indefención para las feminas que vienen sufriendo violencias sistemáticas en el país.
“Mayra” quien es una defensora de los derechos de las mujeres rurales y que se encuentra en Nicaragua, considera que el impacto es significativo en las mujeres que recibían acompañamiento en los casos de violencia, capacitaciones en el tema de derechos humanos o derechos sexuales y reproductivos, porque de alguna manera quedan sin voz.
Mayra considera que la ilegalización de las ONG con enfoque feminista se debe al potencial humano que atendía a las mujeres, que acopañaban las denuncias de violencia de género, pero también visibilizaban temas vulnerables para las mujeres.
“Desde que han venido cerrado estas organizaciones se han incrementado los femicidios, las desapariciones de mujeres y niñas, los abusos sexuales y callejeros, y lo único que han quedado son los medios de comunicaciones que todavía le dan importancia a este tema, porque hay sensibilidad entre los periodistas de entender que existe un sector vulnerable dentro del país”, sostiene “Mayra”.
“No hay donde denunciar”

Mayra resiente que los espacios de denuncias y atención a las mujeres nicaragüenses hayan sido aniquilados casi en su totalidad, lo que vislumbra un escenario de mucha más violencia en el país.
“En Nicaragua prácticamente no hay dónde ir a poner la denuncia, dónde quejarse, no hay consejería. Tampoco hay comisaría de la Mujer, y en la delegación policial hay un oficial que está de turno en ese momento que según su parecer si hay mérito o no, procede con la denuncia. Las mujeres en Nicaragua van a quedar en total indefensión y eso lo vamos a ver más adelante en los casos de violencia, aunque si antes había subregistro ahora habrá ausencia de las estadísticas que llevaban la organizaciones, realmente el impacto para las mujeres será en lo social, en la salud, hasta en lo económico porque hay organizaciones que apoyaban a las mujeres que decidían defender sus derechos de poner la denuncia, porque eso es costoso”, consideró.
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“Muchas organizaciones a través de proyectos de empoderamiento de mujeres desde la parte económica, destinaban fondos para acompañarlas, ya sea en asesoría técnica y también en recursos para que ellas pudieran producir ingresos. En cuanto a las organizaciones que son referencia en el tema sindical la mayoría de mujeres de la zona franca que eran atendidas quedarán en indefensión en cuanto a sus derechos laborales. Considero que va a aumentar el desempleo, también el exilio de las mujeres. En el campo rural al no ver que hay apoyo de organismos habrá una escasez de todo, porque hay muchas mujeres que cultivaban sus tierras, que tenían sus cerdos, gallinas que lo recibían de esas organizaciones”, añadió.
Cierre de ONG en Nicaragua impacta también en la Costa Caribe
En la Costa Caribe de Nicaragua el impacto por la ilegalización de las ONG ha sido más fuerte porque, según una activista costeña, que prefirió el anonimato, algunos organismos beneficiaron a muchas agriculturas con semillas y apoyo técnico.
Por otro lado, considera que no es lo mismo una mujer que llegue acompañada a interponer su denuncia a que llegue sola porque muchas no conocen la ruta de acceso a la justicia.
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“Las mujeres venían a nuestra organización se les daba el acompañamiento hasta tener acceso a la justicia. Las organizaciones de mujeres han trabajado en el empoderamiento económico, desde el sentido en que hemos ido aprendiendo en que sí podemos tener accesos económicos, además el reconocimiento del trabajo , pero también el reconocimiento del trabajo no remunerado (las labores domésticas), de modo que al cerrar todas las organizaciones de mujeres le quitan a un sector de la población el acceso a este tipo de información que motiva a que se puedan hacer acciones que realmente impacten de manera positiva en el desarrollo económico de cada mujer”, explicó la feminista costeña.
Ilegalización ONG La Corriente golpe para el movimiento feminista de Nicaragua
Por su parte, María Teresa Blandón, fundadora de la Asociación Programa Feminista “La Corriente”, una de las ONG canceladas en Nicaragua, afirma que las asociaciones clausadas por el Orteguismo, no tienen ningún lugar donde acudir para denunciar los atropellos e ilegalidd porque lamentablemente hay un control absoluto del poder judicial.
“El cierre de las organizaciones No Gubernamentales sin duda alguna afecta el trabajo de investigación, de formación, de participación ciudadana para la defensa de los derechos, y es exactamente el objetivo que se propone el régimen Ortega- Murillo. Cualquier organización de sociedad civil en cualquier país democrático son celebradas por los gobiernos porque cumplen una función muy importante para enriquecer la participación ciudadana, enriquecer el debate público, pero en Nicaragua no tenemos un régimen democrático, sino un régimen autoritario que quiere imponer una única forma de pensar, de participar, de intervención en el espacio público, solo que sean controladas por el propio régimen porque no admiten ninguna disidencia, ninguna autocrítica”, apuntó Blandón.

La directora de la ilegalizada ONG La Corriente hace énfasis que la dictadura orteguista ha declarado abiertamente como enemigo a las organizaciones de la sociedad civil, por lo que considera que el objetivo es de censura, de silenciar y desarticulación para poder imponer su propia narrativa para evitar cualquier disidencia por eso ha cerrado más de una decena de organizaciones entre feministas y las que trabajan con mujeres indígenas, rurales, afrodescendiente, entre otras.
“(El cierre de La Corriente) no nos tomaron por sorpresa, pero ya son pocas las organizaciones de sociedad civil que no han sido eliminadas, de hecho ha sido un maratón de seis meses cuando el régimen ha arrasado con estas organizaciones que han venido trabajando con derechos humanos, ambientales, de las mujeres, diversidad sexual, desarrollo comunitario, educación, salud comunitaria, la niñez, entre otras. Estamos en un país donde hay una profunda crisis de derechos humanos, donde reina la impunidad, donde las víctimas de estas violaciones humanos no tienen dónde acudir”, señaló Blandón.
Población más vulnerable y mayor ambiente de violencia
Por otro lado, el escritor José Montoya, quien también participaba en las actividades de La Corriente, considera que en un país violento como Nicaragua, el cierre de estas ONG hace más vulnerable a la población.
“El mayor vacío queda en la población femenina y en esas mujeres en Matagalpa, Chontales que denunciaban y llevaban sus casos de progreso, porque estos colectivos impulsaban el desarrollo de las mujeres”, dijo Montoya.
La Asamblea Nacional canceló este miércoles 50 organizaciones no gubernamentales, en dos paquetes de solicitudes presentados por el Ministerio de Gobernación esta semana.
Los diputados del Parlamento aprobaron con 75 votos a favor y 16 abstenciones la petición de Franya Urey Blandón, responsable de la oficina de control de las Organizaciones sin Fines de Lucro de Gobernación.
Con este nuevo grupo de 50 ONG el régimen habría cancelado en Nicaragua la personería jurídica de al menos 222 organizaciones desde el año 2018.