Régimen pone entre la espada y la pared a entidades bancarias con nueva ley
La ley busca evadir las sanciones impuestas por gobiernos y entidades extranjeras contra el régimen sandinista, señalados por crímenes de lesa humanidad, obstrucción al proceso y socavamiento de las instituciones democráticas.
Varios diputados sandinistas en la Asamblea Nacional han sido objeto de sanciones por países y entidades extranjeras, como Estados Unidos o la Unión Europea.
Una iniciativa de ley fue presentada a la Asamblea Nacional, controlada por el régimen sandinista, para la “protección de los nicaragüenses ante sanciones y agresiones externas”, según un documento filtrado a República 18 por fuentes cercanas al Poder Legislativo este miércoles, 20 de noviembre.
Como sugiere el título, la ley busca evadir las sanciones impuestas por gobiernos y entidades extranjeras contra individuos ligados al régimen sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo, señalados por crímenes de lesa humanidad, socavamiento a las instituciones democráticas y obstrucción del proceso democrático.
La ley declararía en Nicaragua “nulas y sin efecto jurídico alguno las sanciones impuestas por Estados, grupos de Estados, gobiernos u organismos extranjeros que violen el derecho internacional”. Mandata que las sanciones “carecen de validez y aplicabilidad en todo el territorio nacional, independientemente de su naturaleza y alcance”.
Por ello ninguna entidad o persona podrá “negar o suspender la provisión de bienes y servicios privados y públicos”, sean comerciales y financieros, “personas naturales y jurídicas, entidades privadas o instituciones del Estado”. Tampoco, según la ley, serán aplicables las sanciones “a las adquisiciones necesarias para salvaguardar la integridad, seguridad y defensa nacional”.
Las entidades reguladoras del Estado serían las encargadas de garantizar la aplicación de la ley, “pudiendo imponer sanciones y multas“, así como medidas adicionales “que lleguen a la suspensión temporal o definitiva” de quienes la incumplan.
Tanto instituciones como funcionarios, empleados públicos, entidades y ciudadanos privados afectados “por la aplicación arbitraria de sanciones” podrán solicitar “restitución del servicio prestado y el resarcimiento de los daños” en conformidad con la Ley (842) de protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias.
El principal país y la principal entidad en emitir sanciones contra funcionarios del régimen sandinista son Estados Unidos y la Unión Europea, respectivamente, dos potencias clave en el sostenimiento del sistema financiero internacional, en particular Estados Unidos, la mayor economía del mundo.
Esta ley, efectivamente, haría escoger a las instituciones financieras entre si continuar tratando con Nicaragua (en el caso de exigírseles tratar con individuos e instituciones sancionadas, como la Policía Nacional) o evitar ser penadas por no acatar los mandatos de sanciones de las principales economías del mundo.
