CIDH: “denuncia de McFields confirma violaciones de derechos humanos”

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aseguró que la denuncia del exembajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Arturo McFields, confirma las violaciones a los derechos humanos documentadas por el organismo a raíz del estallido social de abril de 2018.

La CIDH detalló que a partir de las protestas iniciadas el pasado 18 de abril de 2018, se desencadenó una grave crisis política, social y de derechos humanos en Nicaragua, la cual, afirman se continúa profundizando debido a factores como la instalación de facto de un estado de excepción y la consolidación de la concentración y perpetuación del poder por parte de Daniel Ortega.

La organización detalla que la denuncia de McFields confirma que no existe independencia entre los poderes del Estado.

“El principio de separación de poderes está quebrantado en el país; todas las instituciones del legislativo y judicial están alineadas y dirigidas por el Ejecutivo, lo que facilita y/o consolidan las arbitrariedades”, precisa el documento.

McFields aseguró en medios de comunicación, que la diplomacia en Nicaragua la maneja la vicepresidente Rosario Murillo y no el Canciller, Denis Moncada Colindres.

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Asimismo, la CIDH asegura que continúa en Nicaragua el estado policial que en coordinación con simpatizantes sandinistas, quienes agreden, vigilan, amenazan y hostigan a cualquier persona identificada como opositora.

“A casi cuatro años del inicio de la crisis de derechos humanos, persiste un contexto de impunidad de las graves violaciones a derechos humanos cometidas en el marco de la represión estatal, las cuales resultaron en 355 personas fallecidas; más de 2 mil heridas; cientos de despidos arbitrarios de profesionales de la salud; más de 150 expulsiones injustificadas de estudiantes universitarios; y miles de personas que se vieron forzadas a huir y a buscar asilo a causa de la persecución”, explica la CIDH.

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La CIDH agregó  que 169 personas opositoras permanecen privadas de la libertad de manera arbitraria en condiciones contrarias a la dignidad e integridad personal, en los diferentes sistemas penitenciarios del país.

Por tanto, la CIDH urge a Nicaragua poner fin a la persecución de las voces disidentes, liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente y buscar fórmulas para restablecer los derechos y garantías de un Estado democrático de derecho.

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Además, exhortó a los Estados americanos y a la comunidad internacional a demandar al Estado de Nicaragua el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

El Embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Arturo McFields, denunció al régimen de Daniel Ortega en una sesión del Consejo Permanente el miércoles 23 de marzo calificando al sistema gubernamental del país centroamericano como una dictadura.

“Tomo la palabra en nombre de los miles de servidores públicos de todos los niveles, civiles y militares. Y a todos aquellos que son obligados por el régimen de Nicaragua a fingir, a llenar plazas y repetir consignas porque si no lo hacen pierden su empleo”, dijo McFields Yescas.