CIDH aboga por Steadman Fagot, el asesor de Ortega encarcelado por denunciar la situación de la Costa Caribe

El 16 de agosto, Fagoth fue ratificado como asesor presidencial en asuntos de pueblos originarios.

  • 12:33 pm
  • Oct 31, 2024

Los reportes indican que la captura de Fagot ocurrió a eso de las 3:30 PM en un hotel en la zona de Waspam, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte.

Tomada de la web.
República 18

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de Steadman Fagot Muller, el asesor presidencial de Daniel Ortega, detenido luego de declarar preocupación por la situación de las comunidades indígenas de la Costa Caribe de Nicaragua. 

La CIDH consideró que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia, ya que sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan un riesgo de daño irreparable en Nicaragua.

Fagot fue capturado por una patrulla del Destacamento Militar Norte del Ejército de Nicaragua el pasado sábado, 14 de septiembre, supuestamente porque planeaba  la realización de actividades al margen de la ley con elementos vinculados al narcotráfico y crimen organizado.

La CIDH señaló que la parte solicitante de las medidas planteó que el beneficiario es un “adulto mayor indígena miskito, que desde 2017 ocupaba un cargo público a partir del cual se opuso públicamente a políticas del gobierno en materia de pueblos originarios y denunció presuntas invasiones a territorios indígenas”.

Agregan que desde su detención hasta la fecha no se tiene información oficial acerca de su destino o paradero, ni sobre su situación jurídica actual. Por su parte, el Estado no proporcionó información a la CIDH, apuntó. 

La CIDH solicitó al régimen de Daniele Ortega que adoptara las medidas necesarias para determinar la situación y paradero de la persona beneficiaria, con el fin de proteger sus derechos a la vida e integridad personal.

Demandó además que se informe si la persona beneficiaria se encuentra bajo custodia del Estado, las circunstancias y condiciones de su detención. 

También que “asegure las medidas correspondientes para garantizar que la persona beneficiaria pueda seguir desempeñando sus actividades de defensa de derechos de los pueblos indígenas sin que sea objeto de amenazas, hostigamientos o actos de violencia en el ejercicio de estas”. 

Finalmente la CIDH solicitó al Estado que informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente resolución y así evitar su repetición.