Surgen dudas ante medida que permitirá a refugiados beneficiarse de la seguridad social costarricense
Se trata del Convenio de Aseguramiento Colectivo para la Cobertura del Seguro de Salud a Personas Solicitantes de Refugio y Refugiadas, pactado por el gobierno costarricense, la cooperación española y ACNUR
Los servicios de salud que ofrece la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) estarán disponibles para los refugiados y solicitantes de refugio en Costa Rica, así lo dispone un convenio firmado entre distintas organizaciones estatales y no gubernamentales. La medida fue anunciada y el convenio firmado el pasado viernes, 28 de julio, pero desde entonces han surgido dudas sobre su viabilidad.
En concreto se trata del Convenio Marco de Aseguramiento Colectivo para la Cobertura del Seguro de Salud a Personas Solicitantes de Refugio y Refugiadas, firmado por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), la Fundación de la Universidad de Costa Rica (Fundación UCR), la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), la Embajada española y la filial de la Cooperación Española en Costa Rica.
El proyecto se plantea para una duración de un año a partir de agosto de 2023 y cuenta con un presupuesto de 1.32 millones de euros, fondos no reembolsables proporcionados por la Unión Europea a través de la Comisión Europea.
Más allá de la mención de un carnet de identificación con el cual se podrá acceder a los beneficios (exceptuando los seguros por invalidez, vejez y muerte) no ha habido mayor información sobre el proceso en sí.
Los representantes de las organizaciones involucradas retratan al convenio como “otra muestra del compromiso solidario de ACNUR y de la cooperación internacional para que Costa Rica cuente con un sistema robusto de protección… al tiempo que se refuerza la sostenibilidad de la salud pública universal con fondos adicionales”, en palabras pronunciadas por Milton Moreno, representante de ACNUR en Costa Rica al firmarse el convenio.
“Este proyecto sin duda beneficiará a muchas personas en condición de vulnerabilidad en Costa Rica” aseguró José Moya, representante de la Fundación UCR durante la firma del convenio.
“Una gota en un mar”
El doctor Donald Moncada, médico general nicaragüense que ahora ejerce en el exilio en Costa Rica, celebra la implementación del convenio como indudablemente positiva, pero estima que el proyecto “como mucho ayudaría a unas 5 mil personas”, número que calcula a grandes rasgos teniendo en cuenta los cerca de 150 mil refugiados que la propia ACNUR contabilizó en territorio costarricense, una buena parte de ellos nicaragüenses.
“Una gota en un mar” lamentó el doctor, aclarando que se trata sólo de una valoración a primera vista en base a la información disponible sobre el proyecto. Moncada cree que la medida responda más a una estrategia gubernamental para mejorar su imagen más que a un intento de mejorar la situación sanitaria de los refugiados considerando la poca duración y los fondos relativamente escasos.
La administración del presidente Rodrigo Chaves se ha visto marcada desde el principio por una retórica antagónica hacia los migrantes que acompañó un aumento en los discursos de odio contra este grupo vulnerable. Chaves ha enfatizado el elevado costo que, según él, supone proporcionarles ayuda humanitaria, así como la necesidad de la comunidad internacional de asistir al país con mayores recursos, a lo que esta medida podría estar respondiendo.
Por lo pronto, “aún no se han establecido procedimientos para acceder a este beneficio del seguro”, aseguró Jhoswel Martínez, presidente de la Asociación Intercultural de Derechos Humanos (Asidehu), a República 18. “Pronto estarán avisando de ello” añadió Martínez, quien trabaja de cerca en la defensa de los derechos de migrantes en Costa Rica.
