Aborto sigue penalizado en Nicaragua en todas sus formas, incluyendo el terapéutico
Al margen de las discusiones entre “pro-vidas y pro-aborto”, abogados expresan la necesidad de “reformar la ley para permitir el aborto terapéutico” puesto que, sin tal derecho, “ocurren muertes maternas, hay una falta de acceso a la salud de las mujeres, niñas y adolescentes que son víctimas de embarazos forzados”.
“De uno a dos años de prisión” es la pena que el Estado de Nicaragua impone a toda mujer que, en cualquier circunstancia, “intencionalmente cause su propio aborto o consienta que otra persona se lo practique”, una disposición legal que ha estado en vigencia desde noviembre de 2007, cuando bajo el gobierno de Daniel Ortega se reformó el Código Penal.
Desde entonces, organizaciones feministas han denunciado como injusta esta legislación, pues consideran que pone en riesgo la salud de las mujeres y en particular de las jóvenes, en un país donde el 25% de los embarazos son embarazos adolescentes, según datos oficiales.
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“Está penalizado el aborto terapéutico” dijo a República 18 la abogada feminista Eylin Cruz. “Esto implica que, por razones de salud, como el cáncer terminal, un embarazo de alto riesgo o una niña o adolescente víctima de violencia sexual, no se le pueda practicar, debido a que podrían ser sometidas a un proceso penal” agregó.
Cruz considera esta ley como una medida en exceso restrictiva. Al margen de las discusiones entre “pro-vidas y pro-aborto”, la abogada expresó la necesidad de “reformar la ley para permitir el aborto terapéutico” puesto que, sin tal derecho, “ocurren muertes maternas, hay una falta de acceso a la salud de las mujeres, niñas y adolescentes que son víctimas de embarazos forzados“.
Cruz se une a las demandas del movimiento feminista, reiterando que debe cesar “la violencia obstétrica contra las mujeres”.
Atenta contra las mujeres
El aborto siempre ha sido ilegal en Nicaragua, pero desde 1837 y hasta 2007, durante un periodo de 170 años, el aborto terapéutico fue la única posibilidad permitida por la ley.
Para el movimiento feminista la legislación actual “otorga al embrión o al feto derechos legales que menoscaban y eliminan los derechos constitucionales de las mujeres ya nacidas”, según escribió la activista feminista de origen argentino, pero asentada en Nicaragua desde 1996, Ana María Pizarro.
Pizarro, quien desde 2008 denunciaba persecución gubernamental en su contra por su labor feminista, acusó además que “esta decisión legislativa fue promovida por los jerarcas religiosos“, un señalamiento secundado por círculos feministas y opositores más progresistas previo a la crisis de 2018.
Para el movimiento feminista, la falta de acceso al aborto de una manera legal, segura y gratuita, además de impedir que decidan sobre sus cuerpos, pone en desventaja y riesgo a las mujeres, quienes deben dejar de lado su desarrollo profesional para convertirse en madres por la fuerza.
La maternidad forzada, desde esta perspectiva, a menudo deriva en una situación de dependencia material al hombre, lo que deja abierta la posibilidad de la violencia, y cuando no, existe un alto riesgo de caer en la precariedad.
