Dictadura anula 25 títulos de abogados críticos a Ortega, incluyendo al exmagistrado Rafael Solís

La Corte Suprema de Justicia (CSJ), dominada por magistrados afines al régimen de Daniel Ortega, anuló este jueves los títulos de al menos 25 abogados y notarios públicos quienes anteriormente fueron despojados de su nacionalidad y declarados “traidores a la patria”, en febrero pasado. Todos fueron suspendidos de manera “definitiva” de la profesión.  

La decisión fue notificada a través de dos resoluciones firmadas por Rubén Montenegro Espinoza, secretario de la CSJ, con fecha 11 de mayo, en la que afirman que con instrucciones del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, resuelven suspender de forma definitiva.

Entre los profesionales afectados se encuentran el exmagistrado de la CSJ, Rafael Enrique Solís Cerda, quien era afín al régimen hasta 2018 que dimitió públicamente tras criticar a Ortega; de igual forma fue despojada de su título de abogada la defensora de derechos humanos y fundadora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez Ruiz; el escritor nicaragüense, Sergio Ramírez Mercado; el abogado y experto, Uriel de Jesús Pineda Quintero; el defensor del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, Guillermo Gonzalo Carrión; el exdiputado liberal y analista político, Eliseo Fabio Núñez Morales; la activista Mónica Augusta López Baltodano; el opositor Héctor Ernesto Mairena; el defensor de derechos humanos, Álvaro Leiva Sánchez y Manuel Jacinto Díaz Morales.

El régimen también tomó represalias en contra del exsacerdote, Edgard Francisco Parrales Castillo; el opositor José Bernard Pallais Arana; el exaspirante presidencial, Noel José Vidaurre Arguelo; el fanático y paramilitar confeso, Marlon Gerardo Sáenz Cruz; el exvocero de la CSJ, Roberto Emilio Larios Meléndez; la expresa política, Ana Margarita Vigil Gurdián; la defensora de derechos humanos, María del Socorro Oviedo Delgado, el expreso político y opositor, Roger Abel Reyes Barrera; igualmente José Noel Talavera Arauz, Hugo Ramon Rodríguez Flores, Osman Marcel Aguilar Rodríguez, Moisés Abraham Astorga Sáenz, Manuel de Jesús Sobalvarro Bravo, Hader Humberto González Zeledón y María José Camacho Chevez.

“Suspendáse de forma definitiva del ejercicio de la profesión de abogados y notarios públicos, asimismo, se anulan los títulos de abogados y notarios públicos a partir de la presente resolución”, dicen las dos resoluciones emitidas por la CSJ.

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La dictadura de Ortega había estrenado esta medida represiva con la abogada Yonarqui Martínez días atrás, luego de que denunciara los procesos anómalos a los que fueron sometidos varios presos políticos en las últimas semanas.

Plazo de 24 horas

Según las resoluciones los afectados deberán presentar en un período de 24 horas ante la Secretaría de la CSJ los Protocolos que llevaron durante los quinquenios que estuvieron autorizados para cartular, así como los sellos y carné de abogado y notario público.

En el caso de los 222 ex presos políticos desterrados de Nicaragua a Estados Unidos por el régimen, el pasado 9 de febrero, la circular señala que figuran 15 notarios y abogados a quienes se les impusieron las penas accesorias de inhabilitación absoluta y especial para ejercer cargos públicos, cargos de elección popular, la pérdida de sus derechos ciudadanos de forma perpetúa, y de la nacionalidad nicaragüense por lo tanto el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial consideran que “estas personas no pueden ostentar el título, ni ejercer la profesión de abogado y notario público, ya que perdieron el derecho de ejercer dicha profesión, en virtud de haber perdido la nacionalidad nicaragüense”.

Lo mismo menciona para los 10 juristas de la lista de los 94 nicaragüenses, la mayoría en el exilio, a quienes el pasado 15 de febrero, no solo se les despojó de la nacionalidad, sino que se ordenó la confiscación de sus bienes y sociedades.