Colombia y Chile, bajo gobiernos de izquierda, celebran la liberación de presos políticos en Nicaragua y reconocen desafíos pendientes
Aunque Colombia y Chile tienen la misma línea ideológica izquierdista de Daniel Ortega, han celebrado la liberación de las personas presas políticas y condenado que aún se sigan violando los derechos humanos en Nicaragua
La administración del presidente izquierdista de Colombia, Gustavo Petro, celebró la decisión de la dictadura de Daniel Ortega de liberar el pasado 9 de febrero a 222 personas presas políticas. Pero también lamentó la iniciativa de promover en la Asamblea Nacional el retiro de la nacionalidad nicaragüense a quienes fueron excarcelados y desterrados a Estados Unidos.
El Ministerio de Relaciones Exteriores, en un comunicado publicado este viernes, expresó también su preocupación por la decisión de retirar el pasado 16 de febrero la nacionalidad a otros 94 nicaragüenses.
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“Estas medidas vulneran el derecho a la nacionalidad, contemplado en un conjunto de instrumentos jurídicos internacionales, incluyendo, entre otros, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tratado del cual Nicaragua es Estado parte”, indicó la Cancillería colombiana.
Asimismo, el gobierno de Petro hizo un llamado a “generar medidas de confianza que contribuyan a la reconciliación nacional, al respeto del Estado de derecho y al bienestar del pueblo nicaragüense”.
Un desafío pendiente
Por su parte, Antonia Urrejola, ministra de Relaciones Exteriores del gobierno izquierdista de Gabriel Boric, en Chile, celebró la decisión del régimen y señaló que las personas desterradas se libraron “de un régimen carcelario discriminatorio, arbitrario, que les sometió a tratos crueles e inhumanos, muchos de los cuales podrían ser calificados de tortura”.
A criterio de Urrejola, la recuperación de la democracia y del estado de derecho en Nicaragua sigue pendiente.
Prueba de ello, según Urrejola, es que, a muchos de los familiares de las personas liberadas y desterradas, que aún están en Nicaragua. “Les han retenido sus pasaportes y se encuentran atemorizadas y, en principio, imposibilitadas siquiera de partir al exilio a reunirse con sus seres queridos. De ahí que la reunificación familiar se erige como un desafío urgente”.
La diplomática detalló que decenas de personas opositoras se encuentran aún presas bajo cargos o sometidas a condenas genéricas, sin fundamento real, por un sistema de justicia sin garantías de independencia, como es el caso del obispo de Matagalpa y Estelí, monseñor Rolando Álvarez, quien fue condenado a 26 años de cárcel por “traición a la patria y ciberdelito”.
La canciller chilena señaló, en un artículo de opinión publicado en el medio Cooperativa Chile, qué aún persiste la impunidad por la muerte de más de 300 personas en el contexto de las protestas sociales iniciadas en abril de 2018, “sin que se conozca una sola investigación imparcial que determine la verdad de lo ocurrido y asigne las responsabilidades por esas muertes”.
Sin medias tintas
Las duras críticas de Chile a la deriva de Ortega y Murillo no son nuevas. Boric se ha pronunciado en reiteradas ocasiones sobre los abusos y la represión del régimen en Nicaragua y su ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, siguió el deterioro democrático del país centroamericano y las violaciones de derechos entre 2018 y 2021 desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La canciller denunció la situación públicamente este jueves sin utilizar medias tintas. “Cada día más se trata de una dictadura totalitaria”, puntualizó.
Mientras que gobiernos como el de Rodrigo Chaves en Costa Rica, país vecino de Nicaragua, guardan silencio. El antecesor de Chaves, el expresidente Carlos Alvarado, no dudaba en señalar los atropellos sistemáticos de derechos humanos en Nicaragua.
