Régimen sigue ilegalizando organizaciones en Nicaragua
Esta nueva tanda de organizaciones no gubernamentales se sumaría a las más de 300 que el régimen de Ortega ha cancelado
El régimen de Daniel Ortega pretende ilegalizar a 93 organizaciones no gubernamentales en Nicaragua, sumándose a la lista de más de 300 canceladas.
La práctica de arrebatar la personería jurídica a las organizaciones responde a la política represiva del régimen y al estado policial que vive el país.
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El gobierno de Ortega y Murillo pretende ilegalizar desde el año 2018 a cualquier expresión organizativa que no esté bajo su control, según defensores de derechos humanos.
“Régimen impulsa destrucción del tejido social”
Para el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) el régimen de Daniel Ortega está lanzando a la incertidumbre a muchos nicaragüenses y sus familias.
Puesto que con la cancelación de la personería jurídica de estas más de 400 organizaciones y asociaciones, se perderían centenares de empleos y proyectos de desarrollo.
“El régimen Ortega Murillo pretende desarticular a la sociedad nicaragüense y provocar la destrucción del tejido social con el afán de concentrar y fortalecer su dictadura”, señala CENIDH.
De igual manera, advierten que el régimen de Daniel Ortega podría acaparar la cooperación internacional y usarla para seguir reprimiendo.
El centro de derechos humanos también señala que estas cancelaciones masivas trastocan el plano individual de las personas beneficiadas con el trabajo de las organizaciones canceladas.
“Llamamos a la población a no permitir más atropellos contra nuestros derechos, es momento de profundizar la lucha”, finalizó.
Más de 400 organizaciones canceladas
Hasta el día de hoy el régimen de Daniel Ortega ha cancelado un aproximado de 437 organizaciones no gubernamentales desde el año 2018.
El régimen se ha ensañado con las organizaciones y asociaciones de la sociedad civil, así como con organismos ambientales y promotores de los derechos humanos.
Según Gonzalo Carrión, directivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más esto es parte de la estrategia de “tierra arrasada” que implementa el régimen.
Y es una extensión de la política represiva y del estado policial que se instauró desde el año 2018 en Nicaragua.
