Cancelación de organizaciones en Nicaragua perjudica desarrollo

La anulación de personerías jurídicas de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en Nicaragua, perjudica la ejecución de proyectos de desarrollo que favorecen a la población nicaragüense.

A raíz de las más de doscientas cancelaciones de personerías jurídicas por parte del régimen de Daniel Ortega, desde diciembre de 2018, el 6 de abril de 2022, publicó en La Gaceta la Ley N° 1115 “Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro”, que establece un nuevo marco jurídico aplicable para las Organizaciones sin Fines de Lucro.

Esta regulación reconoce a la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro, bajo el mando de Franya Urey Blandón, como una dependencia del Ministerio de Gobernación (MIGOB) y como la autoridad encargada de regular, controlar, supervisar y sancionar a las OSFL que operen en Nicaragua.

Atribuciones de Gobernación entorpecen la cooperación

Entre las nuevas atribuciones de la Dirección General de Registro y Control de Organismos están: Recibir, revisar y analizar solicitudes de otorgamiento de Personería Jurídica de nuevas organizaciones, autorizar el registro de las OSFL nacionales y extranjeras; las reformas al Pacto Social y Estatutos; los proyectos a ejecutar de las entidades; la aplicación de sanciones administrativas y el cierre temporal o definitivo de las organizaciones, requerir información legal, financiera o de otra naturaleza a directores y administradores, entre otras.

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Además, abre la puerta a intervenciones administrativas a las organizaciones “cuando el Migob considere necesario”.

“La nueva norma, prácticamente se creó para justificar la criminalización de las organizaciones de la sociedad civil. Antes de esa aprobación, envió un informe al Gafilat en la que incluía a más de mil organizaciones que ellos consideran de riesgo en el país. Sin embargo, nadie conoce qué factores tomaron en cuenta”, consideró Amaru Ruiz, titular de Fundación del Río, durante un foro organizado por Redactivos.

Ruiz consideró que estas acciones “espantan” a los donantes que, a través de la cooperación, financian e impulsan proyectos sociales.

“Cada vez se está cerrando más el espacio y el derecho a organizarse de los nicaragüenses. Además, se ha reducido la capacidad de seguir articulando procesos y seguir desarrollando acciones en el país. Este ambiente, que no beneficia a las organizaciones, representa disminución de la capacidad de operar en Nicaragua”, señaló Ruiz.

“La Cooperación al desarrollo genera recursos financieros al país para complementar las acciones que el Estado no puede asumir por falta de capacidad y que las organizaciones establecen un fuerte aporte”, añadió.

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Régimen acusa a organizaciones de lavar dinero en Nicaragua

Una de las acusaciones frecuentes de Gobernación, es que las organizaciones no entregaron informes financieros, atentando contra la supervisión y prevención del lavado de activos.

“El lavado de dinero tiene como origen la comisión de un delito que genera dinero y el delincuente, para poder transformar ese dinero en legal, utiliza una serie de truculencias. Entonces, hay como base un delito que puede ser narcotráfico, contrabando, tráfico de armas, extorción”, explicó el economista Enrique Sáenz durante el foro.

Sáenz señaló que tanto la Cancillería como el Banco Central de Nicaragua manejan el flujo de cooperación, por lo que estas entidades deberían ser investigadas en un Estado de Derecho.

“Las organizaciones tienen décadas de recibir fondos lícitos de los programas oficiales de cooperación de varios países. Todo esto es una mampara para encubrir acciones represivas del régimen”, dijo Sáenz.

Asamblea Nacional ilegaliza otras 19 organizaciones

Este 18 de mayo de 2022, la Asamblea Nacional ilegalizó otras 19 organizaciones sin fines de lucro. La víspera, el diputado sandinista Filiberto Rodríguez, introdujo una iniciativa para cancelar la personería jurídica de más organizaciones.

Entre las organizaciones que fueron despojadas de legalidad están la Fundación Festival Internacional de Poesía de Granada, inscrita en 2007; y la Organización Nicaragüense de Agentes de Publicidad, ONAP, inscrita en 1964.

El Festival Internacional de Poesía de Granada en España, expresó sus muestras de solidaridad con el Festival Internacional de Poesía de Granada en Nicaragua tras la cancelación de su personería jurídica este miércoles.

“Con esta decisión arbitraria y despótica, una más de una dictadura cruel y sanguinaria que carga a sus espaldas el asesinato de cientos de personas, presos políticos sometidos a tortura y miles de exiliados, se pretende silenciar también la voz de la poesía en un país de poetas como es Nicaragua”, señaló.

Además, instaron a los escritores del mundo a alzar una protesta contra este atropello hacia la poesía y la libertad.

Por otro lado, la Cámara de Empresas de Comunicación para Mercadeo, ONAP, se pronunció a través de un comunicado señalando que la anulación de la personería jurídica no les afecta puesto que desde el 11 de noviembre de 2019, la organización está inscrita en el Registro de Cámaras, Federaciones y Confederaciones Empresariales MIFIC, cumpliendo con lo establecido en la Ley 849 “Ley General de Cámaras, Federaciones y Confederaciones Gremiales y Empresariales de Nicaragua”.