Urnas Abiertas: Elecciones en Nicaragua deben ser reprogramadas
Las elecciones deberían ser “convocadas y organizadas conforme a derecho y a los principios internacionalmente aceptados, y con la presencia de misiones nacionales e internacionales de observación electoral calificadas”.
El Observatorio Ciudadano Electoral Urnas Abiertas, de la mano con el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA) presentaron el informe “Nicaragua: Elecciones 2021, un plan doloso para acabar con la democracia”, en el que se destacan las condiciones del proceso electoral y la situación de los derechos humanos.
Exhotan al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo a suspender y reprogramar las elecciones en Nicaragua al considerar que “el desarrollo ilegal y fraudulento del proceso en su conjunto impide toda posibilidad de que los comicios del 7 de noviembre próximo puedan conducir a un resultado que refleje “la libre expresión de la voluntad popular”.
“Los resultados recopilados permiten concluir que los fundamentos legitimadores de un proceso electoral íntegro han sido conculcados de manera sistemática mediante la manipulación excluyente del padrón, la persecución judicial de opositores y la exclusión de candidaturas, el uso ilegal de recursos del Estado con fines proselitistas y, en general, la falta de garantía de los derechos y libertades por parte del poder ejecutivo y la autoridad electoral”, señala la nota de prensa de Urnas Abiertas añadiendo que la integridad del proceso electoral se encuentra comprometida careciendo de legitimidad.
Autoridades electorales son militantes sandinistas
Según el estudio presentado por Urnas Abiertas, la ilegitimidad de estos comicios cuestionada por diferentes sectores se agrava porque las autoridades del Poder Electoral son afines al partido de gobierno por lo que actúa fuera de los estándares democráticos.
“Han sido cancelados 3 partidos políticos opositores y detenidas arbitrariamente 7 personas candidatas a la presidencia; lo que constituye una inhabilitación de facto, que utiliza métodos ilegales y engañosos para eliminar toda competencia electoral”, añade el informe.
Por otro lado, señalaron que no existe transparencia en la información sobre el financiamiento de los partidos políticos, que han manifestado por aparte, tener inconvenientes para acceder a recursos.
“En lo relativo al financiamiento electoral, no se tiene acceso a formas de monitorear el financiamiento de los partidos políticos, convirtiendo este factor en otra fuente opaca de financiación para el oficialista FSLN y de prebendas para los partidos colaboracionistas que participan en las elecciones”, añade el informe.
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Derechos humanos erosionados desde 2018
Según Urnas Abiertas, a partir de las protestas de 2018, las restricciones a la libre movilización se han implementado limitando la participación política.
“El proceso electoral ha estado dominado por un clima de discriminación e intimidación contra toda aquella persona que se oponga o se exprese en contra del Gobierno”, señala.
También expone que desde antes que iniciara el proceso electoral, se registran patrones de persecución a disidentes, defensores de derechos humanos, candidatos y periodistas.
“Desde mucho antes de iniciado el período electoral hubo una continuidad en la persecución de personas opositoras al Gobierno, entre las que destacan aspirantes a candidaturas, periodistas, líderes sociales y personas naturales, en general opositoras. Las restricciones impuestas por el gobierno se dieron de distintas maneras: intimidación, amenazas, agresiones, campañas de desprestigio, persecución judicial, detenciones arbitrarias, entre otras”, señala.
