Casi un 50% de femicidios en Nicaragua han sido perpetrados por excarcelados: informe
El informe denuncia la violación sistemática de los derechos humanos de las mujeres en Nicaragua, señalando que el Estado ha desmantelado leyes clave de protección y promovido la impunidad institucionalizada.
El informe titulado Un Estado contra las mujeres, las adolescentes y las niñas, elaborado por el Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos, (CALIDH) reveló que el 41.7% de los femicidios cometidos con arma de fuego en Nicaragua fueron perpetrados por agresores previamente excarcelados por el régimen Ortega-Murillo.
Advierten que esta cifra refleja el desprecio del gobierno por la vida de las mujeres. La falta de protección y la inexistencia de respuestas adecuadas por parte del sistema judicial.
Además, el informe subraya que el Estado ha profundizado la vulnerabilidad de las víctimas mediante una estrategia de “terror”, al liberar a presos comunes sin tener en cuenta el impacto que esto tendría en las mujeres víctimas de violencia, lo que ha resultado en la reincidencia de agresores.
Según el informe, “el sistema de protección de las mujeres en Nicaragua en realidad no existe”, ya que las instituciones estatales no solo fallan en la prevención y sanción de la violencia sino que incluso la promueven y encubren. Entre los hallazgos más alarmantes, el documento señala que el Estado incumple sistemáticamente sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos y actúa como cómplice de los femicidios.
Un ejemplo de la impunidad, citado en el informe es el de Dina Carrión, cuyo asesinato fue tratado como un suicidio y protegido por el gobierno, demostrando así la falta de interés en la justicia para las víctimas. Además, se destaca la destrucción de la Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer (Ley 779), cuyo propósito original fue debilitado por presiones de sectores conservadores y reformas promovidas por el propio gobierno.
CALIDH advierte que “el Estado traslada a la mujer de la situación de vulnerabilidad a la desprotección total”, permitiendo la impunidad y el agravamiento de la violencia.
Otro punto preocupante es el manejo mediático de los femicidios, en donde medios oficialistas como La Nueva Radio Ya los presentan de forma sensacionalista, en algunos casos justificando a los agresores y minimizando la responsabilidad estatal.
Comisarías de la Mujer: sin capacidad operativa real
El informe apunta que la existencia nominal de más de 300 Comisarías de la Mujer, “relanzadas desde el 2020” se suma a las ineficiencias gubernamentales, a pesar de ser abanderado por el gobierno de Ortega-Murillo, es una estructura meramente estadística sin capacidad operativa real.
Lo anterior se explica ante el hecho de que lejos de brindar atención especializada, operan con personal sin preparación que revictimiza a las denunciantes, según denuncia Católicas por el Derecho a Decidir (CDD).
“Las comisarías no funcionan porque tienen un problema estructural. Estas Comisarías muchas veces son solo un cuarto en las estaciones policiales,solo tienen a uno o dos agentes atendiendo. La política de estos agentes es la mediación. Siempre hacen mediar a las mujeres con sus agresores y sólo cuando la mujer llega severamente golpeada es que hacen un trabajo interinstitucional”, citan.
Por otro lado, mencionan que la cartilla sobre femicidio llamada, “Mujer, Derechos, Leyes y Mecanismo de Denuncia para la Prevención del Femicidio” representa un esfuerzo pedagógico para abordar la problemática, su efectividad real se ve comprometida por contradicciones fundamentales.
“Mientras que su diseño y lenguaje accesible buscan informar sobre mecanismos de denuncia y protección, su contenido revela un enfoque paternalista que presenta al Estado como salvador más que como garante de derechos”.
Según el informe esta contradicción se profundiza al promover la denuncia institucional en un contexto donde el mismo gobierno ha desmantelado sistemáticamente las organizaciones que históricamente han protegido a las mujeres.
“El uso reiterado de términos como “Buen Gobierno” y la promoción de una visión familista que puede revictimizar a las mujeres, sugiere que el documento prioriza la propaganda institucional sobre la efectividad real en la prevención del femicidio, una realidad que se refleja en la persistencia de este flagelo desde la publicación de la cartilla.
Impacto de la violencia política especialmente en infancias
El documento advierte que la violencia política en Nicaragua ha generado un deterioro sistemático de los derechos humanos, afectando a la población más vulnerable: niños, niñas y adolescentes, especialmente aquellos cuyos progenitores han sido víctimas de detenciones arbitrarias.
En este contexto, señalan que el informe “Lloran todas las noches” (2024) documenta que “de un universo de 147 presos políticos registrados, 36 casos presentan una situación de extrema vulnerabilidad para sus descendientes, quienes han sufrido, ya sea de manera directa o indirecta, los efectos de la violencia estatal.”
Según el mismo informe, “un 35.14% de los menores fueron testigos de la detención violenta de sus referentes parentales, mientras que un porcentaje aún mayor, el 43.24%, experimentaron allanamientos ejecutados sin las correspondientes órdenes judiciales.”
Además, “un 16.22% de estos menores se les negó posteriormente el acceso a sus propias viviendas, y un 18.92% sufrió la confiscación arbitraria de bienes personales fundamentales, incluyendo documentación médica esencial.”
Apunta que el impacto de esta violencia institucional no sólo se manifiesta en la pérdida de estabilidad material, sino también en profundas secuelas psicoemocionales en los menores afectados.
Una crisis de protección a la vista
“Este patrón sistemático de represión ha desencadenado trastornos crónicos del sueño, alteraciones significativas en su desarrollo socioemocional y disrupciones sustanciales en su proceso educativo”, exponen.
Añaden que la separación forzada de sus progenitores y la experiencia traumática de la violencia estatal han provocado “una crisis de protección que transgrede múltiples instrumentos jurídicos internacionales“.
El informe concluye que el patrón de violencia estatal ha evidenciado a través de la desarticulación de leyes fundamentales como la Ley 779, la cual, desde su promulgación en 2012, había establecido un marco de protección integral para las víctimas de violencia. Apuntando que en los últimos años, el Estado ha manipulado esta legislación y reducido sus efectos mediante medidas como la imposición de mediación obligatoria, la restricción del femicidio al ámbito privado, y la manipulación de los datos estadísticos, lo que demuestra una política de impunidad institucionalizada.
“Mientras implementa una cadena perpetua simbólica, desarticuló sistemáticamente la Ley 779”, denuncia el informe, haciendo referencia a la forma en que el Estado ha destruido los mecanismos de protección reales, minimizando la gravedad de los femicidios y las agresiones.
Así mismo refieren que la destrucción de las organizaciones civiles en Nicaragua, con la eliminación de más de 5,500 de estas, entre ellas 300 dedicadas a la violencia de género, ha dejado un vacío crítico en los esfuerzos de protección, prevención y atención a las víctimas. afrodescendientes.
Destacan que a lo largo de 2024, se han documentado 63 femicidios, de los cuales el 87.3% resultaron en femicidios consumados. Esta alarmante cifra refleja una letalidad extremadamente alta en los ataques contra las mujeres.
Además, observan que en muchos casos de femicidio, las víctimas ya habían denunciado previamente la violencia, sin que se tomaran medidas efectivas para protegerlas. “El 47.4% de los casos de femicidio registraron historial previo de violencia física”, lo que pone de manifiesto la ineficacia del sistema de protección, recalca el informe.
