Expertos de la ONU confirman que Ejército de Nicaragua es responsable de represión de 2018
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua documentó la implicación del ejército en la represión violenta de las protestas de 2018, contraviniendo las versiones oficiales. También reveló un plan sistemático de expulsión de opositores y control de la población, con participación activa de fuerzas de seguridad.
Julio César Avilés, Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua junto a Daniel Ortega.
A casi 7 años del inicio de la crisis sociopolítica y de derechos humanos en Nicaragua, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua concluyó por primera vez, que el Ejército nicaragüense bajo el mando de Julio César Avilés, a pesar de sus negativas, participó junto con la policía y grupos paramilitares en la violenta represión contra las masivas protestas de 2018, que dejaron más de 300 muertos.
En un informe reciente señalan que aunque en 2018, el ejército declaró públicamente que su papel durante la crisis se limitó a proteger bienes estratégicos y negó su participación en la represión, el Grupo ha obtenido información creíble de que el ejército participó en la represión utilizando armas letales, en coordinación con la policía y grupos armados progubernamentales.
Agregan que según esta información, el 20 de abril de 2018 se celebró una reunión en la que participaron oficiales en activo del Comando de Operaciones Especiales y de las Direcciones de Doctrina y Enseñanza, de Inteligencia y Contra Inteligencia Militar, y de Personal y Cuadros, en la que se dijo que el país se enfrentaba a un golpe de Estado orquestado por organizaciones sociales.
“El Jefe de Estado Mayor del Ejército Nacional leyó una orden presidencial en la que se instaba a los jefes de las distintas unidades militares a “neutralizar” a los implicados en las manifestaciones”, señala el documento.
El Grupo estableció además que Ortega y Murillo ordenaron a la Policía, al Ejército y a los grupos armados progubernamentales que reprimieran violentamente las manifestaciones como parte de una estrategia diseñada para conservar el poder a toda costa.
Según el reporte, “el Comandante en Jefe del Ejército Nacional ordenó la participación de militares en la represión de las manifestaciones a pesar de no tener competencias en materia de seguridad pública, con pleno conocimiento de que su intervención podría provocar la pérdida de vidas humanas”, revela el documento.
Coordinación entre la policía, el ejército y grupos armados
Así mismo exponen que las ejecuciones extrajudiciales documentadas fueron el “resultado de acciones coordinadas entre la policía, el ejército y grupos armados progubernamentales”.
“El uso sistemático y deliberado de armas letales -algunas reservadas exclusivamente para uso militar-, la intervención de francotiradores, las tácticas de combate diseñadas para matar y no para controlar multitudes, y el elevado número de víctimas con heridas de bala en partes vitales del cuerpo sugieren que su intención no era dispersar a los manifestantes, sino matarlos e infundir miedo en la población”.
También, el Grupo determinó que el ejército participó activamente en la represión de las manifestaciones, proporcionó armamento a la policía y a los grupos armados progubernamentales, llevó a cabo operaciones de inteligencia y entrenó a personal civil, incluida la Juventud Sandinista, jóvenes marginados y funcionarios públicos.
Señalan además que la Dirección de Información para la Defensa del ejército asumió el control operativo de la represión de las manifestaciones, en coordinación con la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia Militar, la Dirección de Inteligencia Policial, el Comando de Operaciones Especiales del ejército y la Dirección de Operaciones Especiales de la policía.
Detallan que los miembros de estos dos últimos cuerpos utilizaron armas especializadas y francotiradores durante sus intervenciones.
De igual modo que comandos y destacamentos militares regionales, el Batallón Ecológico y el Comando de Operaciones Especiales, desplegaron personal militar, vistiendo uniformes policiales o ropas civiles, para apoyar a la policía y a los grupos armados progubernamentales sobre el terreno.
El documento reitera que “el Grupo tiene ahora motivos razonables para creer que, junto con la Policía Nacional y grupos armados progubernamentales, el ejército cometió ejecuciones extrajudiciales en el contexto de las protestas masivas de 2018”.
Así funciona la expulsión de nacionales
El informe del Grupo señala que la expulsión de nacionales formaba parte de un plan dirigido por Ortega y Murillo para eliminar cualquier forma de disidencia.
Apuntan que todos los nicaragüenses expulsados forzosamente del país lo fueron por razones políticas y quedaron en una situación de aguda vulnerabilidad, sin acceso a un recurso efectivo .
En este sentido, el Grupo determinó que el Ejército “también desempeñó un papel central en la ejecución de las expulsiones. El jefe y miembros de la Dirección de Información para la Defensa se dedicaron a la vigilancia política de personas críticas con el Gobierno. Esta Dirección intercambiaba inteligencia con miembros de alto rango del FSLN y de la Dirección de Inteligencia Policial para identificar a las personas a expulsar”.
Detallan que el Viceministro del Interior de Nicaragua decidía a quién expulsar basándose en esta información, siguiendo las órdenes del Presidente, el Comandante en Jefe del Ejército Nacional, estuvo presente y facilitó el acceso al sector militar del aeropuerto internacional de Managua para las expulsiones de los 222 y 135 ex detenidos en febrero de 2023 y septiembre de 2024, respectivamente.
“El Grupo también documentó la participación de miembros del IV Comando Militar Regional en al menos cinco expulsiones a través de pasos fronterizos terrestres con Costa Rica en coordinación con la policía”, exponen.
Refieren además que el Grupo comprobó que la Policía de Nicaragua dispone de un centro de información e inteligencia, el cual informa al comisario responsable de la Subdirección General de Investigación e Inteligencia Policial, que se utiliza para identificar y obtener información sobre personas opositoras o percibidas como tales y vigilarlas, amenazarlas y acosarlas.
“La Dirección de Información para la Defensa del ejército tiene acceso ilimitado a este centro. Personal de la Dirección de Auxilio Judicial -que depende de la misma Subdirección- y del Sistema Penitenciario Nacional también recaban información durante los interrogatorios”.
Así mismo indican que los centros informáticos de los municipios registran la información que las personas facilitan en los formularios censales del Ministerio de Salud. La Unidad de Análisis Financiero ayuda a identificar las cuentas bancarias de los opositores que deben embargarse.
Restaurar la democracia y el Estado de derecho llevará años y recursos
El informe concluye señalando que los patrones de violaciones y los perfiles de las víctimas documentados por el Grupo revelan un objetivo claro: el control total de la población, tanto en el país como en el extranjero.
Añaden que “en el último año, las instituciones estatales y paraestatales y el FSLN se han fusionado en una maquinaria unificada de represión”.
El Grupo refiere además que algunas violaciones documentadas constituyen patrones previamente identificados como crímenes de lesa humanidad, entre ellos la persecución por motivos políticos.
El Grupo advirtió que la situación de los derechos humanos en Nicaragua se ha deteriorado hasta el punto de que restaurar la democracia y el Estado de derecho llevará años y recursos considerables.
“Cuanto más se demore la comunidad internacional en actuar con firmeza, mayor será la carga. El Grupo insta al Consejo de Derechos Humanos y a la comunidad internacional a que permanezcan vigilantes y actúen con decisión”.
Así mismo, reitera recomendaciones clave para Nicaragua, entre ellas fortalecer el apoyo a la sociedad civil, aumentando la asistencia a organizaciones y medios independientes; exigir rendición de cuentas al Estado por violaciones de derechos humanos ante la Corte Internacional de Justicia.
También, ampliar sanciones contra responsables de violaciones; proteger a los nicaragüenses privados de nacionalidad y garantizar su acceso a asilo, educación y la regularización administrativa; y asegurar que las conclusiones del Grupo influyan en decisiones internacionales, especialmente en acuerdos comerciales, condicionándolos a parámetros de derechos humanos.
