Desterrados denuncian ante la Corte IDH consecuencias de las violaciones a sus derechos humanos
Durante la audiencia, Juan Sebastián Chamorro y otros afectados solicitaron la extensión de las medidas provisionales y denunciaron el impacto de la confiscación de bienes, la separación familiar y la vulnerabilidad en el exilio.
Participantes en la Audiencia de la Corte IDH este 4 de febrero de 2025.
Excarcelados y organizaciones de derechos humanos denunciaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) la continuada política de destierro y desnacionalización implementada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, durante la audiencia del pasado martes, solicitaron la extensión de las medidas provisionales, vigentes desde 2021, que protegen a 116 opositores detenidos, despojados de su nacionalidad y expulsados del país.
En su intervención el excarcelado político, Juan Sebastián Chamorro, uno de los beneficiarios del caso expresó su agradecimiento al tribunal por la “diligencia y compromiso” mostrado desde el momento en que él y otros afectados fueron “secuestrados, criminalizados y sometidos a prisión arbitraria”.
En su declaración, recordó el sufrimiento que vivió durante los tres primeros meses de su cautiverio, una situación “agravada por el exilio de mi esposa e hija, quienes tuvieron que abandonar Nicaragua una semana después de mi desaparición”, señaló.
Chamorro subrayó la urgente necesidad de protección, afirmando que “la excarcelación, expulsión del país, despojo de nacionalidad y confiscación de bienes ha generado una profunda angustia, no muy diferente de la producida por las inhumanas condiciones del encarcelamiento por más de 611 días”. Aseguró que el destierro no fue una decisión libre ni voluntaria, sino un acto cruel y violatorio que separó y sigue separando familias.
En su intervención, relató las dificultades lo que lo ha obligado a adaptarse a “un ambiente muy diferente al que veníamos desarrollando en nuestras vidas profesionales y familiares”. Describió cómo la privación arbitraria de su nacionalidad, sufrida por él y otros beneficiarios, ha causado una “violación sistemática de todos los derechos inherentes a la ciudadanía”, calificándola como “una maniobra deliberada para causarnos sufrimiento”.
Chamorro también denunció la vulnerabilidad que enfrentan debido a la “violación de derechos y la ausencia de protecciones frente al régimen”, lo que se ve reflejado en la “desaparición en los registros civiles”, lo que “nos genera impotencia y nos expone a riesgos”.
Denunció el despojo de bienes
En cuanto a la confiscación de bienes, señaló que la “peor sensación de injusto despojo” es la pérdida de “negocios familiares de décadas”, como el de su esposa Victoria Cárdenas, quien también ha sido beneficiaria de estas medidas. Afirmó que estos negocios fueron “robados descaradamente ante la potencia que provoca no contar con el amparo de la justicia, cooptada, corrupta y al servicio de quienes usurpan el poder”.
Chamorro también lamentó la confiscación de su propiedad por decreto presidencial, lo que le “ha arrebatado un legado de mi padre”, explicando que no se trata solo de lo material, sino de “lo emocional, los recuerdos y la memoria que tratan de arrebatarme”. En este contexto subrayó que la vulnerabilidad de los exiliados “no ha cesado, incluso ha incrementado”, relatando cómo muchos de los afectados “han enfrentado dificultades insuperables para acceder a un empleo” y han tenido que solicitar ayuda “cada mes para poder pagar la renta o la alimentación”.
El exiliado detalló los efectos psicológicos de la separación familiar, refiriéndose a casos específicos como el de “Roger Reyes y sus dos hijas” y el de Tamara Dávila quien estuvo separada de su hija por dos años, destacando que durante su propio cautiverio no pudo hablar con mi esposa e hija por 20 meses.
Chamorro también recordó la muerte de su compañero Michael Healy Lacayo, quien falleció en el exilio debido a “las condiciones a las que fue sometido mientras estuvo privado de libertad y después, incluyendo la confiscación de sus bienes y la privación de atención médica adecuada”.
Concluyó su intervención solicitando a la Corte que mantenga las medidas provisionales otorgadas a favor de 116 nicaragüenses víctimas de la persecución política del Estado para garantizar que nuestra integridad personal, vida digna, seguridad y derechos derivados de la personalidad jurídica no sigan sufriendo daños que puedan ser irreparables.
Problemas de salud y para acceder a empleos
Por su parte, la excarcelada política Evelyn Pinto de 66 años, denunció que su salud se vio deteriorada tras el encierro. “Tengo dolores en las articulaciones, disminuyendo mi calidad de vida”, expuso.
Así mismo reveló que por su situación económica tuvo que migrar de Estados Unidos y se encuentra en Costa Rica solicitando refugio pues le fue arrebatada su pensión de jubilación.
“Al no tener mi pensión de jubilación a mi edad, estoy en búsqueda de trabajo, y aunque no lo he conseguido sigo en esa lucha”, declaró.
En tanto, Ariela Peralta integrante del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la Organización de Naciones Unidas, denunció que hay al menos 453 nicaragüenses despojados de su nacionalidad, pero que el número podría ser mayor.
“La privación arbitraria de la nacionalidad de 453 personas opositoras o percibidas como tales, constituye un crimen de lesa humanidad de persecución por motivos políticos. Evidencia la intención del Gobierno a seguir castigando a los opositores reales o percibidos y su familia donde quiera que se encuentren y de infundir temor a represalias ante cualquier acción”, declaró.
La representante del Grupo de Expertos recordó que la reciente reforma constitucional aprobada en Nicaragua establece la privación de la nacionalidad para las personas declaradas traidoras a la patria.
El Estado de Nicaragua, que no envió representación a esta nueva audiencia, fue declarado por la Corte IDH en desacato desde el 2022 por negarse a atender las medidas provisionales de este caso.
