Nicaragua sale de la FAO, ¿cuáles serán las consecuencias?
La FAO ejecutaba proyectos con enfoque agrícola en Nicaragua por montos de más de 160 millones de dólares pero el régimen decidió cortar lazos tras un informe poco halagador.

Felipe León Ayala, representante de la FAO (2018-2024), recibe condecoración de manos del presidente de la Asamblea Nacional nicaragüense, el sancionado Gustavo Porras. 30 de enero, 2024.
Con la expulsión del representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (ONUAA, aunque mejor conocida como FAO, por su siglas en inglés), el cierre de sus oficinas y la expulsión del representante interino, Marcelo Resende, Nicaragua dio por concluida la relación con ese organismo supranacional.
La FAO era una de las pocas organizaciones de Naciones Unidas que mantenían apoyo públicamente a Nicaragua luego de años de desacato a decisiones vinculantes de organismos internacionales en materia de derechos humanos, así como de una serie de informes de un Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) que develaron los abusos del régimen sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La relación entre el régimen y el organismo fue tan cercana que Iván Felipe León Ayala, representante de la FAO hasta el 30 de enero de 2024, fue condecorado con la distinción de la Orden José de Marcoleta, las más alta que la República de Nicaragua otorga al mérito en relaciones internacionales.
La ceremonia tuvo lugar el 30 de enero de ese año y fue Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional nicaragüense sancionado en 2019 por su participación en la violación de los derechos humanos durante la crisis de 2018, quien entregó a León la representación física del honor.
Durante la gestión de León como representante, la FAO desarrolló en Nicaragua “54 alternativas entre proyectos y contribuciones” alcanzando “una ejecución de 60.8 millones de dólares“. Según datos públicos de la FAO, el grueso de su cooperación en 2023 fue de al menos 166 millones de dólares.
El plan programático de la FAO del 2022-2026 tenía como ejes “estimular la creación y adopción de políticas e inversiones que permitan transitar hacia sistemas alimentarios más sostenibles, inclusivos y resilientes en Nicaragua, promoviendo el uso de las tecnologías digitales, la investigación y la innovación”.
Entre los programas ejecutados los había para “incrementar ingresos de las familias rurales, promover medidas para mitigación, adaptación y resiliencia al cambio climático, impulsar las economías locales, promover la inclusión de mujeres y jóvenes rurales, indígenas y afrodescendientes“, entre otros.
Todo eso ha terminado por orden el régimen sandinista.
Pequeños productores: los más afectados
Ana Quirós, activista costarricense, defensora de derechos humanos y directora del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS), que por años ejerció su actividad en Nicaragua, explicó a República 18 que está decisión tendrá ramificaciones importantes en el país.
“La FAO en Nicaragua siempre ha trabajado con el gobierno, con instituciones gubernamentales y con comunidades rurales”, señaló Quirós. “La FAO existe en Nicaragua desde 1982 y jugó un papel muy importante en garantizar la seguridad alimentaria durante los años ochenta, en tiempos del conflicto (la guerra civil)”, añadió la activista.
Según Quirós, la FAO trabajaba en asegurar la seguridad alimentaria, en contribuir al control del cambio climática, fomentar la resiliencia productiva y fortalecer la capacidad de producción, especialmente de los pequeños productores, sobre todo orientados a la producción alimentaria.
En esas labores, la FAO colaboraba con el Ministerio Agropecuario (MAG), el Instituto de la Pesca y Acuicultura (INPESCA), el Instituto Tecnológico Nacional (INATEC), el Ministerio de Educación (MINED), los organismos encargados del control de las plagas (como el Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria, IPSA) y el Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria, además de los gobiernos regionales, brindando no sólo asesoría técnica, sino también acompañamiento financiero.
Las oficinas de la FAO en Costa Rica. Foto: Cortesía
“Llama la atención la súbita reacción del gobierno a expulsar a la FAO después de que saliera la información sobre una investigación para analizar la situación nutricional en Nicaragua que, bien sabemos, ha sido deficitaria, especialmente en las zonas rurales y pobres de las áreas urbanas“, apuntó Quirós.
En opinión de la experta, “no hay otra explicación” más que el repudio a los resultados del informe. “Esto va a tener un impacto muy grande primero en estas instituciones; segundo, en los pequeños productores, especialmente en el Caribe, pero también en el corredor seco que es una parte muy importante del país y de la producción y, además, en el desarrollo de actividades de educación, de profesionalización y de visibilización de estas instituciones.
La también defensora de derechos humanos, Haydée Castillo, concordó en este punto. “Nicaragua tiene una economía muy atrasada y dependiente, con bajos rendimientos productivos, baja transformación y además es un país con grandes exposiciones ante el cambio climático”, señaló la experta.
“Quienes saldrán perdiendo con la salida de la FAO serán como siempre las familias campesinas e indígenas rurales, los pequeños productores; (el régimen Ortega-Murillo) no está interesado en elevar productividad y menos en el campo, sino que está centrado en sus propios negocios y en la acumulación de dinero a través de sus empresas y testaferros”, concluyó.