Gobierno de Costa Rica calla ante represión transnacional, denuncian opositores nicaragüenses

Una de las principales preocupaciones que el Departamento de Estado delineó en la entrada sobre Nicaragua en su último informe (2023) sobre derechos humanos a nivel mundial fue la represión transnacional. Dicho de otro modo, el régimen sandinista de Daniel Ortega en Nicaragua no sólo reprime dentro de sus fronteras, sino que extiende sus tentáculos hacia los países vecinos en busca de cualquier opositor.

“La dictadura ha venido ejerciendo varios mecanismos de persecución extraterritoriales y transnacionales, como algunos mecanismos de INTERPOL, además de amenazas y asedio e incluso atentar contra vidas en Costa Rica”, dijo Yefer Bravo, miembro de la Unidad de Exiliados Nicaragüenses (UEN), a República 18.

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Bravo se refiere a al menos dos intentos del régimen sandinista de recuperar custodia de antiguos reos políticos, opositores que habían acudido a Costa Rica en busca de asilo. A través de los canales de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), un opositor nicaragüense, Douglas Álvarez, fue regresado al régimen sandinista por las autoridades costarricenses en febrero.

INTERPOL mantiene silencio total en cuanto al tema, a pesar de señalamientos y protestas. “El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió un informe sobre los abusos de la dictadura de los mecanismos de INTERPOL”, pero más allá de eso, no ha habido mayor intención de discutir el tema a nivel institucional, lamentó Bravo.

De parte del Estado costarricense, los nicaragüenses no han recibido mayor apoyo, ni siquiera un comentario al respecto desde que, a raíz del atentado (aún no esclarecido) en contra de los opositores nicaragüenses Joao Maldonado y su pareja, Nadia Robleto, la Asamblea Legislativa costarricense se pronunciase al respecto.

Joao Maldonado y Nadia Robleto fueron víctimas de un atentado el miércoles 10 de enero en San José, Costa Rica. Hasta la fecha, el crimen no ha sido esclarecido.

“La dictadura Ortega Murillo está persiguiendo el lugar de refugio de los nicaragüenses y ha venido a colocar sus células para seguir matando a su pueblo en este país”, dijo entonces la diputada Johana Bonilla del Partido Liberal Progresista.

Otros diputados señalaron que no se trataba ni del único, ni del primer caso de represión transnacional registrado en territorio costarricense y ligado a Nicaragua. Pero desde entonces no se ha conformado ninguna comisión, ningún grupo de trabajo, ni siquiera se ha discutido más allá de los círculos de la diáspora nicaragüense más vulnerable.

“Dieron algunas declaraciones, acusaron al presidente (Rodrigo) Chaves de guardar silencio alrededor del asunto (y de su cercanía con Ortega), pero si están trabajando al respecto, si le han dado algún seguimiento con algunas de las organizaciones que apoyan a migrantes, nosotros no nos hemos dado cuenta“, apuntó Bravo.

“Es muy decepcionante”

Durante la LIV Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), celebrada en Asunción, Paraguay, a finales de junio, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, que opera desde Costa Rica, organizó un diálogo donde funcionarios de alto nivel tanto de Naciones Unidas como de Estados Unidos reconocieron la gravedad de la situación junto con opositores nicaragüenses.

Operadores del régimen sandinista “vigilaron, castigaron, detuvieron y condenaron injustamente a sus propios ciudadanos en un esfuerzo por obligar a los opositores exiliados a regresar a Nicaragua y enfrentarse a su arresto”, dijo entonces Enrique Roig, subsecretario adjunto de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado.

Asimismo, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) continúa documentando esta nueva modalidad de represión que infringe sobre la soberanía de otros países.

Según señaló Bravo, muchos nicaragüenses han optado por dejar Costa Rica a través de programa como Movilidad Segura, promovido por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), precisamente por temor a que el brazo represor del régimen sandinista pueda encontrarles en Costa Rica.

“Es muy decepcionante“, expresó Bravo. “Lo que hemos percibido a grandes rasgos es que no hay seguridad. Lo que están haciendo es moverse, lo que vienen haciendo por años, sea por su cuenta o por algún otro programa de ACNUR o del Organismo Internacional para la Migración (OIM)”, concluyó Bravo.