Jóvenes denuncian al Estado de Nicaragua ante la CIDH por el despojo de su nacionalidad

Los líderes juveniles nicaragüenses Max Jerez, Lesther Alemán, Mildred Rayo y Miguel Flores —todos excarcelados políticos y desterrados en Estados Unidos— denunciaron al Estado de Nicaragua, bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por las violaciones de derechos humanos de los que fueron víctimas en el país. La denuncia fue presentada y acompañada por el Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (Calidh).

El secretario ejecutivo de Calidh, Danny Ramírez-Ayerdis explicó a República 18 que la denuncia consiste en una petición que va a iniciar un proceso internacional contra el Estado de Nicaragua por las violaciones de derechos humanos que sufrieron los líderes e integrantes de la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN).

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“La denuncia consiste en solicitar a la CIDH que declare que Nicaragua es responsable internacionalmente que es responsable de haber quebrantado una diversidad de derechos que están consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, indicó Ramírez-Ayerdis.

Los líderes estudiantiles Jerez y Alemán fueron detenidos previo a las cuestionadas elecciones presidenciales en el 2021, durante la escalada de detenciones que ejecuto el régimen contra quienes considerada una incomodidad.

Busca que se haga justicia

Mildred Rayo y Miguel Flores, fueron detenidos el 1 de noviembre de 2022 por el Ejército de Nicaragua. Ambos fueron declarados culpables por el supuesto delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y sentenciados a 8 y 10 años de prisión respectivamente.

El secretario ejecutivo de Calidh, precisó que en el caso de Rayo “por haber sido víctima de violencia sexual por militares, que declare que ella sufrió este tipo de agresión sobre la base de Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer ‘Convención de Belem do Pará'”.

Enseguida, explicó que en el caso de Flores quien fue impedido de continuar sus estudios en la extinta Upoli que se “declare que se violó su derecho a la educación”.

Apuntó que esta denuncia ante la CIDH “busca que se haga justicia por todas las violaciones de derechos humanos que vivieron estos muchachos, incluidos las violaciones que sufrieron en los juicios injustos, el principal el derecho a juez imparcial, y eso le hicimos ver a la CIDH”.

La denuncia interpuesta el lunes 7 de agosto, incluye la preocupación de Calidh por la manera en el que el Estado de Nicaragua transgredió el derecho internacional interamericano por “la manera en que fueron expulsados del país, como se les quitó la ciudadanía y nuevos delitos aún estando fuera del país”.

Piden que la CIDH eleve el caso a la Corte IDH

Ramírez-Ayerdis señaló que han pedido a la CIDH que eleve la denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), para que “dicte las reparaciones y resarcimientos que sean necesarios para que las víctimas se les pague por toda la violencia y siguen viviendo por el Estado de Nicaragua”.

Enseguida remarcó que Calidh representa jurídicamente y legalmente a las víctimas con el proceso que inició desde marzo pasado.

“Nosotros no cobramos ni un solo centavo por esta representación”, aclaró el secretario ejecutivo de Calidh.

Compartió que la CIDH ya asignó número a la denuncia 1443-23 ahora lo que sigue es que el organismo decida si el caso tiene méritos para tramitarse porque “la Comisión ejerce una investigación contra los Estados denunciados, en este caso Nicaragua, si la CIDH decide que sí reúne, pasará la denuncia al Estado y Nicaragua debería de responder y después viene una etapa que se llama de fondo”.