Régimen “participa” y “tolera” persecución religiosa en Nicaragua, denuncia informe de EEUU

El Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó su informe global de libertad religiosa. determinando que en Nicaragua las autoridades “han participado en, o tolerado, severas violaciones a la libertad religiosa”. Estas violaciones han ido particularmente dirigidas a la comunidad y clero católicos de Nicaragua, que compone al menos un 59% de la población del país, según datos que el informe extrae de censos nacionales.

“Durante todo el año , el presidente Daniel Ortega y la vicepresidente y primera dama, Rosario Murillo, ordenaron arrestar, exiliar forzosamente y verbalmente atacaron a sacerdotes y obispos, tachándolos de ‘criminales’ y ‘golpistas'”, denuncia el informe.

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Se destaca el allanamiento forzoso de la sede diocesana de Matagalpa el 19 de agosto, cuando detuvieron a monseñor Rolando Álvarez, obispo, y a otros seis sacerdotes. Esto lo hicieron sin una orden de arresto, señala el informe, y en todo el año el número de religiosos detenidos llegó a once.

También resaltan el acoso del que son víctimas los religiosos en sus propias parroquias. “El clero católico reportaba grandes grupos de policías congregados alrededor de las parroquias… En una ocasión, “el clero canceló abruptamente una llamada de cortesía con el embajador de EEUU en marzo cuando un gran grupo de policías y parapolicías” rodeó el precinto, asegura el informe.

“La policía portaba rifles y escopetas. La misa programada regularmente ese día se llevó a cabo con la policía parada en la entrada de la parroquia observando a quienes entraban o salían. La policía permaneció fuera de la iglesia hasta el día siguiente” añaden, reportando también que la residencia del Arzobispo, el Cardenal Leopoldo Brenes, recibió “continua vigilancia policial”.

“Otras actividades anti-católicas incluyen investigaciones arbitrarias, negación de servicios religiosos, amenazas de muerte, hurto de reliquias e irrupción ilegal en templos católicos” detalla el informe. Los actos han ido complementados de una campaña de difamación en redes sociales, donde los mensajes oficiales son amplificados por personalidades pro-gobierno.

Cinco de los sacerdotes detenidos no serían liberados sino hasta febrero de 2023, pero monseñor Álvarez sigue prisionero en el país.

En abril de 2023, el régimen de Daniel Ortega prohibió todas las actividades religiosas de Semana Santa, una ocasión que tradicionalmente une a los nicaragüenses en celebración. En ese periodo fueron encarcelados feligreses y periodistas por negarse a acatar la orden y por reportar sobre las actividades, respectivamente.

Desde noviembre de 2022, Nicaragua es designada por el Secretario de Estado como una “un país de gran preocupación” en materia de libertad religiosa.