Presos políticos de Nicaragua llevan más de dos meses sin comunicación ni visitas familiares
Los familiares de las personas presas políticas coinciden en que “no existe comunicación absoluta” con ellos y tampoco tienen “alguna información sobre cómo están”.
Las presas y presos políticos de Nicaragua no han tenido comunicación con sus familiares ni han recibido visitas desde hace 74 días. En medio de la preocupación por los malos tratos y las torturas que reciben en las cárceles de la dictadura, sus familiares están al punto de exigir nuevamente “una prueba de vida”.
En Nicaragua existen unos 220 reos de conciencia, según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas. Siete de ellos fueron precandidatos a la presidencia y uno es miembro de la Conferencia Episcopal de Nicaragua. Hay quienes llevan más de 500 días secuestrados y solo han recibido 10 visitas en total.
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Deterioro en la salud
Los familiares de las personas presas políticas coinciden en que “no existe comunicación absoluta” con ellos y tampoco tienen “alguna información sobre cómo están”.
Ana Lucía Álvarez Vijil, familiar de las presas políticas Ana Margarita Vijil y Tamara Dávila, denuncia que desde la última vez que pudieron ver a su prima y hermana supo del deterioro de la salud de ambas. Pero también de la falta de atención médica necesaria.
Para ella, esta “es una política de tortura. La tortura lo que busca es dañar, socavar la integridad y exterminar su capacidad de liderazgo, no solamente en el presente, si no también en el futuro. Esto es consistente con la política de tortura que hemos venido denunciando”.
Esta política de tortura, precisamente, es la que han venido denunciando diversos organismos internacionales, entre ellos el Centro de Estudios y Análisis para América Latina (Instituto CASLA) que califica esta situación como “inhumana”.
Presos políticos viven un calvario en cárceles de Nicaragua
El CASLA hizo un llamado a la comunidad internacional a “hacerse eco de esta situación y que presionen” al régimen de Daniel Ortega para que cesen las torturas y libere a las personas presas políticas.
Las torturas aplicadas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua van desde la incomunicación prolongada con sus familiares, encierros en celdas oscuras por largos períodos, la prohibición de cualquier tipo de distracción (un libro para poder leer, una biblia, papel y lápiz), hasta la falta de acceso a luz solar y ninguna atención médica ni dieta balanceada.
“El régimen aplica este tipo de torturas para quebrar a sus víctimas, desequilibrarlos psicológicamente y desmejorar sus condiciones físicas al extremo, induciendo el grave deterioro físico y mental que quizás nunca más vuelvan a recuperar”, agrega el CASLA.
Las autoridades callan
El Centro de Estudios señala que es preocupante la falta de información de las presas y presos políticos que cumplen más de dos meses sin recibir una visita, principalmente Miguel Mendoza, Dora María Téllez y Róger Reyes, quienes llevan varios días en huelga de hambre.
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“En Auxilio Judicial no hay ninguna información. Al preguntar cuándo iba haber visita, los oficiales de la recepción siempre nos dicen que nos van a llamar. Y si pedimos información ellos no tienen ninguna”, contó a República 18, Fernanda Guevara, esposa del preso político, Róger Reyes.
Guevara expresó que desconoce totalmente el estado de salud de Reyes, quien inició una huelga de hambre el pasado 20 de septiembre con el fin de que mejoren sus condiciones carcelarias.
La última vez que Guevara pudo ver a su esposo fue el 28 de agosto, desde ese entonces no volvió a saber nada de él, a pesar que su abogado defensor ha presentado escritos ante el Poder Judicial para poder recibir visitas de sus hijas menores de edad. Pero no han obtenido respuestas.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que celebra entre este 7 y el 25 de noviembre su 154 Período Ordinario de Sesiones, realizará este miércoles una audiencia pública conjunta de supervisión de medidas cautelares provisionales que, en meses anteriores, les fueron otorgadas a 45 personas presas políticas en ocho centros de detención deNicaragua.
“En mi caso, no podemos perder la fe, no sabemos cómo va a ser la solución, pero sí creo que tiene que pasar algo para que nuestros familiares sean liberados”, comentó Fernanda Guevara, vía telefónica.
