Ortega y Murillo celebran 7 años de impunidad este abril; ¿cuánto más puede durar?
El balance de poder que ha logrado la dictadura entre sus fuerzas armadas, policiales y paramilitares ha deformado considerablemente al Estado y facilitado la impunidad por crímenes de lesa humanidad.
La jefatura del Ejército de Nicaragua junto a Daniel Ortega y Rosario Murillo en un acto partidario el 21 de febrero de 2025.
El mes de abril marca, entre el 17 y el 19, los siete años desde el estallido social y político que desencadenó la actual crisis que vive Nicaragua. El régimen sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través de una represión probada cruenta y sistemática por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.
Recientes hechos sistematizados por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos para Nicaragua (GHREN) de Naciones Unidas prueban la colaboración del Ejército de Nicaragua en apoyo de la Policía Nacional y grupos paramilitares —institucionalizados desde finales de 2024— en procesos represivos sangrientos como la Operación Limpieza.
El saldo de esos primeros años es ya infame: más de 350 muertos a manos del Estado, una crisis económica crónica y la persecución de cientos de nicaragüenses; y en los años posteriores continuaron con un exilio masivo y sin precedentes de cientos de miles, torturas, la suspensión de derechos fundamentales, desapariciones forzadas, destierro y desnacionalización, entre otras formas represivas.
En estos siete años, en consecuencia, el panorama político y la estructura del Estado nicaragüense se ha adulterado radicalmente: la figura de Murillo se ha consolidado, pasando de vice- a “copresidenta”, una posición primero mencionada informalmente por Ortega para luego establecerse en la Constitución y las leyes del país desde finales de 2024.
Además, también fue nombrada Jefa Suprema del Ejército. La batería de poder que conforman Presidencia, Ejército, Policía y Paramilitares es lo que mantiene al régimen a flote, según explicó a República 18 el joven politólogo nicaragüense en el exilio, Augusto Centeno. Fundamentalmente, “existe un equilibrio en el control del ejército, la única institución capaz de garantizarles estabilidad, y la presidencia”.
“Su permanencia sólo puede garantizarse por la fuerza”
“Su permanencia en el poder solo puede garantizarse mediante el uso de la fuerza“, detalló Centeno.
“El gobierno no cuenta con el apoyo mayoritario de los nicaragüenses“, un hecho del que están conscientes y del que deriva la antes mencionada formalización del paramilitarismo en las últimas recientes, añadió el experto.
La dependencia en las fuerzas armadas también se ahonda a luz del aislamiento diplomático al que el régimen ha llevado al país, desde cortes totales de relaciones diplomáticas con países y organismos de gran incidencia y apoyo, como la Unión Europea y órganos de Naciones Unidas, hasta repudio al sistema de integración centroamericana.
“El Ejército es la única institución que ha logrado mantener una autonomía institucional y ocupar cargos importantes en el gobierno. No siendo el caso de los demás poderes del Estado. Los único con un poder real, capaz de hacerle contrapeso a Ortega y Murillo son los miembros del Ejército”, reiteró Centeno.
Pero, a pesar de las debilidades estructurales, el régimen se ha sostenido. Centeno no cree que pueda sobrevivir, al menos no en su forma actual, más allá de la vida de Ortega. El experto no comparte “la visión de algunos analistas políticos y figuras de la oposición que afirman que Rosario Murillo tiene la capacidad de intervenir en el Ejército”. Sino que, más bien, se trata de una alianza a través de Ortega.
“Rosario Murillo es una figura que genera antipatía, no solo dentro del propio sandinismo, sino también en el Ejército. Encontrará resistencia dentro de esta institución si intenta llevar a cabo una barrida institucional“, como ha hecho en los demás poderes del Estado, incluyendo las purgas en el Poder Judicial en 2023.
“En el peor de los casos, puede haber un golpe militar podría ser una posibilidad. Sin embargo, con un golpe militar no me refiero a una transición hacia la democracia, sino a la sustitución del poder actual por otro”, un escenario en el que es poco probable que se investiguen y sancionen los crímenes de lesa humanidad cometidos en el estallido de 2018, concluyó.
Por ello esfuerzos de documentación, así como intentos de someter a Ortega y Murillo a la rendición de cuentas bajo el concepto de jurisdicción universal, persisten hasta la fecha con apoyo de la oposición en el exilio, países y organismos de derechos humanos. Si bien el régimen intenta desconocer estas instancias, permanecen como una última posibilidad de Justicia cuando todo lo demás ha fallado.
