“No es suficiente decir que hay desaparición forzada” en Nicaragua, dice experto en derechos humanos
Según Uriel Pineda, abogado especializado en derechos humanos, las desapariciones del régimen sandinista, a nivel legal, irrumpen en distintos niveles a los derechos y libertades fundamentales de los nicaragüenses.
Imagen de referencia. El régimen sandinista ha perpetuado detenciones ilegales por medio de su fuerza policial, pero también con el apoyo de fuerzas paramilitares.
El más reciente reporte en cuanto a la situación de las personas privadas de libertad por razones políticas en Nicaragua, elaborado por la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), estimó el pasado 25 de marzo que 1 de cada 5 presos políticos en el país se encuentra desaparecido.
Esto quiere decir que la cifra total sería de 10, aunque en el pasado el número fue mucho más alto, antes de que se aplicase la política de destierro y desnacionalización.
Las víctimas van desde personalidades reconocidas, como el del líder indígena Brooklyn Rivera, apresado en septiembre de 2023; a ciudadanos privados cuyo único delito ha sido pronunciarse o actuar críticamente hacia el régimen sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
“Lo primero es que la desaparición forzada tiene dos elementos: el ocultamiento y su finalidad, que es la substracción de los medios legales de defensa. El estándar interamericano en materia de derechos humanos dice que si se apresa a alguien y no se dan cuentas como Estado de su detención, se trata de una desaparición forzada“, explicó Uriel Pineda, abogado especializado en derechos humanos, a República 18.
“Naturalmente, al no dar cuenta de la detención de alguien, impedís que su familia o sus representantes puedan interponer mecanismos legales de protección. Dicho esto, efectivamente, si nos vamos por la desaparición forzada, que también es un crimen de lesa humanidad, nos damos cuenta de que hay una indefensión y, en consecuencia, una violación al debido proceso“, continuó.
Esta práctica, que Pineda apunta se trata un crimen de lesa humanidad en más de un nivel, se enmarca en una estrategia mayor que el régimen sandinista ha aplicado en contra de opositores y disidentes desde el estallido social de abril de 2018.
“Esto aplica para casos aislados. Pero como aquí se están sistematizando una serie de casos, existe una implementación de una política de Estado para ocultar a estas personas, aislarlos, violar su debido proceso y sus libertades. Estamos en presencia de otro crimen de lesa humanidad: la privación de la libertad en contravención a las normas internacionales de derechos humanos; y esto, al tener una finalidad política, también configura un crimen de persecución”, apuntó.
Prácticas como la “tortura, violencia sexual, detenciones arbitrarias y condiciones inhumanas, así como el abuso de acusaciones relacionadas con el terrorismo y la seguridad nacional” han sido registradas, según listó el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
En respuesta a los hallazgos del Consejo, el régimen se retiró del organismo el pasado 27 de febrero. Expertos apuntan a que esto no exime al país de su responsabilidad ante estos organismos y esto se probó semanas después, cuando el Consejo presentó su último informe en el Examen Periódico Universal sobre los abusos en Nicaragua.
El régimen sandinista no cooperó, como debía, en el trabajo de documentación y seguimiento de estos casos, consecuencia de su política aislacionista. Pero el trabajo continuará en instancias internacionales, incluyendo procesos penales abiertos bajo el concepto de jurisdicción universal.
“Ese es el impacto y su justa dimensión. No es suficiente decir que hay desaparición forzada como un elemento de violación a derechos humanos, sino también que en Nicaragua, hoy, se siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad“, concluyó Pineda.
