Comunidad LGBTIQ de Nicaragua vive recrudecimiento de violencia y discriminación
El Observatorio LGBTIQ+ señala que durante el 2021 se reportaron un total de 70 hechos de violencia, de los cuales, 67 fueron agresiones, un crimen de odio (contra Kendra Contreras) y dos suicidios.
Desde el estallido de la crisis sociopolítica en Nicaragua, la violencia a la comunidad LGBTIQ+ ha incrementado desde el ámbito político e institucional.
Este 17 de mayo se conmemora el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia con el objetivo de denunciar la discriminación de la que son víctimas las personas de la comunidad LGTBIQ (lesbianas, homosexuales,bisexuales,intersexuales y personas trans) una de las poblaciones más vulnerables a nivel mundial.
En Nicaragua no hay nada que celebrar. De acuerdo al Observatorio LGBTIQ+ de la cancelada organización Programa Feminista La Corriente existe un recrudecimiento de la violencia hacia las personas LGBTIQ a raíz de la crisis sociopolitica 2018, que ha colocado a lesbianas, homosexuales y personas trans en una situación de mayor vulnerabilidad.
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El Observatorio inició en enero de 2021 un esfuerzo por visibilizar los casos de agresiones contra la comunidad de la diversidad sexual.
Uno de los ejemplos que destaca el Observatorio es que hay mayores casos de violencia política y violencia institucional, tal como las situaciones de violencia documentada sobre las presas políticas y mujeres transgéneros: Victoria Obando y Kisha López, quienes actualmente, si bien están fuera de prisión, siguen siendo asediadas, e inclusive, forzadas al desplazamiento, al exilio.
El Observatorio señala que durante el año 2021 se reportaron un total de 70 hechos de violencia, de los cuales, 67 fueron agresiones, un crimen de odio (contra Kendra Contreras) y dos suicidios.
Para el observatorio, entre las identidades reflejadas: cuarenta fueron mujeres transgénero, veinte fueron homosexuales, nueve fueron lesbianas, dos fueron mujeres bisexuales, dos fueron hombres bisexuales, una persona no binaria.
Y para el primer trimestre del año 2022 el Observatorio documentó trece hechos de violencia y discriminación, de los cuales, doce corresponden a agresiones y un crimen de odio (dirigido hacia Genaro Antonio Vega Pérez, en Guanacaste, Costa Rica)
El Observatorio señala que los agresores son cercanos, familiares, conocidos, también desconocidos, oficiales policiales, simpatizantes del partido de Gobierno (Frente Sandinista de Liberación Nacional-FSLN).
El informe señala que estas situaciones han estado a nivel del espacio público, en casa de habitación, en los espacios labores y a nivel institucional, con el prevalecimiento de la impunidad, por consiguiente, las personas no sienten confianza, por lo que deciden callar para evitar mayores represalias.
Aún quedan muchos retos
Para la diversidad sexual nicaragüense sigue siendo una lucha: la reivindicación de sus Derechos Humanos, que inició desde antes de abril del 2018. Pero que, ante la intensificación de la violencia a raíz de la crisis sociopolítica, surge el Observatorio LGBTIQ+, como mecanismo de apoyo a las víctimas, y de documentación.
El Observatorio LGBTIQ en Nicaragua, evidencia que aún existen muchos retos, y que ante en estos contextos tan adversos por los que se está atravesando, instan a la comunidad a seguir resistiendo.
“Hay que seguir resistiendo, fortaleciendo las alianzas, construyendo todo tipo de iniciativa, para continuarla sosteniendo”, señala el Observatorio.
Otro reto que mencionan, es superar la impunidad que prevalece y la falta de respuesta institucional por parte de quienes deben de garantizar el cumplimiento de los Derechos Humanos de las personas.
Problemas históricos de comunidad LGBTIQ en Nicaragua
Históricamente las personas LGBTIQ+ nicaragüenses han sufrido violencia a nivel estatal y social.
El 11 de junio de 1992, la Asamblea Nacional aprobó diversas reformas al Código Penal con relación con delitos de carácter sexual. El artículo 204, en su versión enmendada (aprobada en el mismo año), se estableció el delito de sodomía.
Ante tal situación, el organismo internacional Amnistía Internacional expresó que dicho artículo (204) del código penal reformado violaba 12 artículos de la Constitución nicaragüense, incluido el derecho a la vida privada, a la libertad de expresión y el principio de igualdad ante la ley. Además, añadió que, al violar esos derechos, contravenía las normas internacionales de derechos humanos, de los que Nicaragua es Estado parte.
