Salida del Consejo de DDHH de ONU no exime a Nicaragua de escrutinio internacional: expertos
Expertos señalaron en una conferencia que la salida de Nicaragua del Consejo de Derechos Humanos no irrumpe en el trabajo de los organismos de derechos humanos.
Ortega y Murillo, líderes de la dictadura sandinista, junto a la jefatura militar. El último trabajo del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) conectó al Ejército de Nicaragua con la violación generalizada de derechos humanos en el país, lo que llevó a la salida de Nicaragua del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Una conferencia del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más reunió a expertos en materia de derechos humanos este viernes, 28 de febrero, en la que discutieron la reciente salida del país del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
“Como Colectivo, lamentamos la decisión”, expresó Salvador Marenco, miembro del Colectivo, señalando cómo Nicaragua ya tiene un historial de apartarse de instancias internacionales en respuesta a señalamientos en materia de derechos humanos, como su salida de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Nicaragua se apartó del Consejo de Naciones Unidas luego de que un informe revelara evidencia de la participación de las fuerzas armadas y policiales del régimen sandinista en la violencia contra la población civil durante las manifestaciones iniciadas en abril de 2018 y la posterior represión que aún persiste en el país.
“Este último informe es contundente”, valoró Anexa Alfred Cunningham, defensora de derechos humanos y parte del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (MEDPI), una dependencia del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
“Se refleja básicamente el papel que ha tenido el Ejército en la represión. Queda claramente establecido… lo más importante de todo esto es que el pueblo nicaragüense está esperando el tema de la justicia”, ya que el documento abre la posibilidad de enjuiciar a los responsables ante la Corte Penal Internacional de Justicia, afianzó Alfred.
Marenco destacó que Nicaragua ya se encontraba en desacato, ignorando solicitudes y órdenes de comparecer ante y colaborar con organismos de derechos humanos a nivel internacional, previo a salir del Consejo de Derechos Humanos, por lo que su decisión no cambiaría mucho de la situación actual.
“El GHREN insistió en que se activen procesos de justicia a nivel internacional como demandas ante la Corte Internacional de Justicia además del proceso de jurisdicción universal ya establecido y entablado en Argentina“, continuó Marenco.
El GHREN igualmente pidió a Estados Unidos y a los países de la Unión Europa reconsiderar el acceso preferencial que Nicaragua tiene a esos mercados, lo que incluye el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (DR-CAFTA).
“Alarmante aislamiento”
Los expertos fueron claros: la salida de Nicaragua no la exime de responsabilidad en materia de derechos humanos, pues el país sigue siendo parte de Naciones Unidas y está sujeta a convenios internacionales vinculantes que anteceden incluso al régimen sandinista.
“Sus obligaciones continúan. El examen periódico universal, del cual se presentan los resultados el 26 de marzo, se tiene que mantener. Efectivamente, Nicaragua sigue sujeto a estas responsabilidades, a los mecanismos especiales, que son de vital importancia para mantener actualizada y reportan la situación del país a los demás Estados“, señaló Marenco.
“Los Estados están llamados a realizar acciones a nivel internacional en la búsqueda de justicia. Cuando hablamos de crímenes de lesa humanidad, no hablamos sólo de afectaciones a nosotros los nicaragüenses, sino a toda la comunidad internacional“, concluyó.
Este mismo viernes, un grupo de nueve países de América lamentaron la salida de Nicaragua de la institución de derechos humanos internacional. “Este acto constituye una señal alarmante de aislamiento“, dijeron los nueve países del Grupo Principal de Nicaragua en una declaración conjunta presentada durante una sesión del Consejo en Ginebra.
Se trata de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Perú.
