La Policía Nacional dio de baja y capturó a dos oficiales por supuestamente practicar ilegalmente detenciones, allanamientos y desalojos realizados en colaboración con dos civiles a personas con poder adquisitivo, implantándoles droga para después chantajearlos.

Según los relatos reflejados en el expediente judicial radicado en un juzgado de Managua, la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional conoció una denuncia, dio seguimiento, comprobó y capturó a Cristofer Zúniga Malta, de 34 años, de la Dirección de Antinarcóticos y Hollman Sánchez Aguirre, de 41 años, de la Dirección de Protección Ciudadana.

La banda simulaba operativos con el argumento de actividades ilícitas por parte de los ciudadanos afectados para lo cual solía solicitar apoyo a las patrullas policiales, que ignoraban las acciones delictivas de los sujetos.

Críticos a la dictadura nicaragüense cuestionan que el régimen despida a dos agentes policiales por practicar allanamientos ilegales, cuando ha sido la misma Policía la que ha implementado detenciones al margen de la ley a opositores y religiosos.

“La ley en Nicaragua se instrumentaliza a voluntad de la dictadura sandinista, por eso es que la Policía Nacional, con agentes paramilitares, realizan persecución a opositores y allanamientos a sacerdotes. Hay una discordancia total en la narrativa”, aseguró el opositor y exiliado nicaragüense, Enrique Martínez.

“Extraña” acción de la Policía

A criterio del opositor, no se puede defender el tipo de delito que argumenta la Policía Nacional, pero asegura que “es extraño” que se produzcan este tipo de castigos en la institución que implementa como práctica cotidiana los ilícitos que argumenta.

“No se le puede quitar la culpabilidad a estos agentes policiales, pero si se puede señalar que estas situaciones son prácticas cotidianas de la Policía que se dan hasta en altos mandos, lo que evidencia que Nicaragua es un narcoestado”, reafirmó Martínez.

La abogada defensora de presos políticos destaca que, en los casos de detenciones a críticos de la dictadura, la Policía implementa allanamientos irregulares.

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“Hay desapariciones forzadas y secuestros, porque desde que se hace una detención a altas horas de la noche, estás entrando como ladrón. Si se hace una detención, no se debe violentar el procedimiento. El Estado de Nicaragua es el mayor violador de derechos humanos”, dijo Martínez.

La abogada apuntó que tiene conocimiento de personas que han sido arrestadas en el marco de la ola de detenciones que la dictadura implementa desde diciembre, pero que sus familiares no desean hacer pública la situación para evitar represalias.

Detenciones contradicen la constitución

El artículo 33 de la Constitución Política de Nicaragua, señala que nadie puede ser sometido a detención o prisión arbitraria, ni ser privado de su libertad, salvo por causas fijadas por la ley y con un arreglo a un procedimiento legal, por lo que la detención sólo podrá efectuarse en virtud de mandamiento escrito de juez competente o de las autoridades que expresamente faculte la ley, salvo el caso de flagrante delito.

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Además, todo detenido tiene derecho a ser informado de las causas de su detención, a ser puesto ante autoridad competente y que toda detención ilegal causa responsabilidad de parte de la autoridad respectiva.

Hasta esta publicación, el régimen mantiene a 18 religiosos católicos detenidos ilegalmente, entre estos, dos obispos, tres seminaristas y trece sacerdotes.

Además, hasta octubre, el Mecanismo para el reconocimiento de las personas presas políticas, en su último informe, registró 91 reos de conciencia en las cárceles de Nicaragua.