Régimen confisca casa pastoral ligada a la UCA en Chinandega
El inmueble había sido donado por una ONG ligada a la Universidad Centroamericana previo a su confiscación el pasado viernes.
Una misa celebrada en San Pedro del Norte en 2021.
La casa pastoral del municipio chinandegano de San Pedro del Norte, parte de la Diócesis de León, fue confiscada por orden del régimen sandinista el pasado viernes, 15 de diciembre, según apuntan denuncias a medios de comunicación nacionales surgidas hasta este lunes, 18 de diciembre.
La abogada e investigadora, Martha Patricia Molina, autora del principal informe sobre la persecución religiosa en Nicaragua, confirmó que la confiscación la llevó a cabo la Alcaldía de Chinandega como parte de una nueva modalidad de represión contra la Iglesia ahora asumida directamente por autoridades locales.
Según detalló Molina, corroborando así otros informes a medios de comunicación, la confiscación la llevaron a cabo agentes policiales y el alcalde del municipio, el sandinista Moisés Martínez Corrales, quien ocupa el puesto desde el año 2008.
Esa comitiva le habría exigido las llaves del inmueble al párroco, un sacerdote de origen colombiano, según las denuncias a medios de comunicación. Dentro de la casa pastoral había artículos valiosos, tanto a nivel material como espiritual, que ahora están bajo posesión ilegal de las autoridades.
El inmueble era propiedad de una organización no gubernamental bajo el nombre del Papa Juan XXIII, ligada a la Universidad Centroamericana (UCA) que regentaba la Sociedad de Jesús previo a su confiscación por el régimen sandinista en agosto de este año. La casa había sido transferida a la parroquia después de haber cancelado el régimen la personería jurídica de la universidad bajo acusaciones de “terrorismo”.
Molina lo calificó de “daño colateral” a la confiscación de la UCA y aseguró al diario La Prensa que los sacerdotes, en base a información que han recibido, esperan más confiscaciones de este tipo.
Ni la diócesis de León ni la parroquia afectada se han pronunciado sobre la usurpación de sus bienes, posiblemente por temor a mayores represalias en su contra.
Desde que inició la crisis en 2018 y hasta la fecha, en Nicaragua se han registrado al menos 667 ataques contra la Iglesia católica, 275 tan sólo en 2023, según expone la cuarta entrega del informe Nicaragua: Una Iglesia Perseguida elaborado por Molina y publicado en agosto.
