Frente Sandinista destituye al alcalde de El Tuma-La Dalia, quien tenía más de 22 años en el cargo

A solo nueve días de haber recibido las credenciales para asumir el nuevo período municipal 2023-2027, la dictadura de Daniel Ortega defenestró este jueves al alcalde Jaime Arauz Centeno, del municipio El Tuma-La Dalia, departamento de Matagalpa. Este es el primer caso de destitución dentro de las filas partidarias del Frente Sandinista este 2023, según el organismo Urnas Abiertas.

El municipio fue creado el 17 de agosto de 1989, desde esa fecha fue nombrado coordinador del gobierno local. En las primeras elecciones de 1990 fue electo alcalde, desde entonces ha ejercido cinco períodos, los últimos dos de manera consecutiva. Llevaba más de 22 años en el cargo.

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En el año 2012, un grupo de mujeres campesinas simpatizantes del Frente Sandinista protestaron contra su reelección acusándolo de querer robar sus tierras. Sin embargo, terminó siendo impuesto por las autoridades centrales, quienes amenazaron con despedir a todos los trabajadores de la alcaldía que se manifestaran en contra de su reelección.

Lo señalan de corrupción

El quitar, defenestrar, judicializar o imponer alcaldes y vicealcaldes es una práctica común dentro del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que ha pasado factura incluso a quienes defendían a capa y espada la forma de gobernar del dictador Ortega y su esposa Rosario Murillo. Este es el caso de Arauz Centeno.

La población lo señala de un manejo poco transparente en su gestión, donde se beneficiaba del tráfico de influencia con negocios como gasolineras, construcción y plantaciones. Diferentes trabajadores de la alcaldía municipal, según los lugareños, también ejercían como testaferros del alcalde. En julio de 2018, fue señalado por dirigir las detenciones arbitrarias y masivas que ejecutó la Policía en el municipio.

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Patrón viene ocurriendo desde 2008

Francisco Jarquín, exalcalde liberal del municipio de Muelle de los Bueyes, en el Caribe Sur, asegura que esto es una evidencia más del remedo de elecciones que la dictadura ha hecho en el país y degrada aún más la institucionalidad, puesto que estas decisiones y movimientos “a gustos y antojos” no contribuyen de ninguna manera al respeto que se le debe tener a la Constitución Política de Nicaragua.

“No respetan la opinión, no respetan el derecho de cada persona, no respetan la institucionalidad. Entonces, realmente esto va a conveniencia de la dictadura y no a favor del pueblo. Van cerrando cada vez más el círculo de confianza entre ellos. Y estos funcionarios destituidos no alcanzan en el barco, porque ellos necesitan poner a gente de mayor sumisión”, dijo el exalcalde Jarquín, al ser consultado por República 18.

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La activista e integrante de Urnas Abiertas, Ivania Álvarez, explicó que la dictadura tiene una “cierta persecución de quienes están a favor o no de la consolidación del poder local. Es decir, de aquellos alcaldes que no muestran tanta fidelidad. Estos son denunciados por las mismas bases políticas. Están sufriendo este tipo de acoso y saben que pueden ser removidos”.

A criterio de Álvarez, esta movida intenta dejar claro de quién está al mando dentro del Frente Sandinista. “Si en El Carmen se dice que el día de mañana se destituye a cualquier alcalde, concejal, ministro y demás, pues esto se va a hacer sin consultarlo con nadie”, dice.

Este patrón, según Jarquín, se ha venido ejerciendo desde el 2008, cuando el FSLN asumió en unas cuestionadas votaciones las alcaldías en diferentes cabeceras departamentales. “Esto empezó cuando empezaron a destituir a candidatos de oposición y la dinámica que utilizan es lealtad a la pareja presidencial y sus intereses”, comentó.

Buscan controlar todo y a todos

Olga Valle, directora de Urnas Abiertas, aseguró que la expulsión del cargo de Aráuz Centeno demuestra que el régimen no tiene intención de respetar la institucionalidad y los procesos, sino que de manera arbitraria decide cómo van a seguir trabajando los funcionarios públicos, a pesar de un supuesto proceso electoral que hay detrás de estas autoridades.

“Esto también es un mensaje que se envía a otros alcaldes, para demostrar el poder que tiene el Ejecutivo de remover a cualquiera que no se alinee y no obedezca las órdenes que emanan desde ahí. También se confirma la pérdida de la autonomía municipal, en la forma en cómo interviene el régimen en cada uno de estos gobiernos locales”, dijo Valle.

En su plan por adjudicarse las 153 alcaldías existentes en Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega cometió 5.821 anomalías durante los comicios municipales realizados el pasado 6 de noviembre de 2022, informó en diciembre Urnas Abiertas, durante la presentación de su informe de resultados de observación electoral.