Opositores rechazan iniciativa de reformas a la Ley electoral
Opositores aseguran que propuesta no solo ignora las recomendaciones de la OEA y de la comunidad internacional sino que fortalece estado policial
Luego de que el régimen de Daniel Ortega, amparado por su combo de leyes contra los opositores, introdujera una iniciativa de Ley Electoral en la que bloquea en las elecciones presidenciales del corriente año la participación de los ciudadanos que han estado en actividades cívicas contra su dictadura; los activistas, defensores de derechos humanos, políticos y la población en general han rechazado, y condenando dicha propuesta.
Destacaron que las “reformas” que platea la familia presidencial no están, en lo absoluto, relacionadas con las recomendaciones de la Organización de Estados Americanos (OEA), ni con las demandas de los nicaragüenses. De igual manera, no establecen con qué tipo de observación van a contar en las elecciones y menos proponen realizar una depuración en el Padrón Electoral.
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El opositor Pedro Joaquin Chamorro asegura que con estas propuestas no pueden dar legitimidad al proceso electoral, porque su único objetivo es inhibir candidatos y transformar al Consejo Supremo Electoral (CSE) en “un organismo represivo y no en un árbitro electoral imparcial, tal como demanda la resolución de la OEA”.
Por su parte, Tamara Dávila integran de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) catalogó como “burla” las propuestas de Ortega y Murillo porque tilda a los opositores de traidores de la patria por el simple hecho de exigir democracia; de igual manera, les bloquea las posibilidades de recibir fondos de organismos internacionales para realizar sus campañas electorales.
“Estas propuestas de reformas son una absoluta burla y no las vamos a aceptar, y vamos a trabajar para lograrlas porque aquí el régimen está definitivamente con la espada en la pared. No vamos a aceptar unas reformas como las que él está proponiendo, a su medida”.
De igual manera, José Antonio Pereza miembro de la UNAB expresó que ven con extrema preocupación el reciente proyecto que la dictadura ha enviado porque no cumple ninguna recomendación de los organismos nacionales e internacionales.
“Introduce los elementos represivos a la Ley Electoral para cercenar los derechos de la oposición y de las fuerzas democráticas para rescatar y transitar a la democracia. Un elemento importantísimo es que parece que no da muestra de que los nicaragüenses podamos recuperar las libertades, más bien es una ley represiva que trata de eliminar las posibilidades de que la oposición se organice para los procesos electorales”.
Peraza rechazó rotundamente dicho proyecto del régimen y aseguró que van a luchar hasta lograr que se cambie la lógica “represiva” y “excluyente” de la iniciativa de los Ortega-Murillo.
Reformas a conveniencia
El periodista, Alfonso Malespín desde sus redes sociales dijo que desde 1990 las reformas son a conveniencias, con las que buscan bloquear a los otros rivales.
“La reforma de mediados de los 1990 fue para impedir las candidaturas de Antonio Lacayo y Edén Pastora. El argumento? Uno era pariente político de la presidenta y el otro, tico por naturalización. Cristiana Chamorro hasta ofreció divorciarse de su marido para evitar la inhibición”.
Malespín comparó dicha situación con la actualidad, pues explicó que ahora las reformas del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) son para inhibir a Cristiana Chamorro, Felix Maradiaga,Medardo Mairena, Miguel Mora, George Enríquez y Juan Sebastián Chamorro; a quienes señalan de “agentes extranjeros, han solicitado sanciones a gobiernos extranjeros, han celebrado sanciones al círculo de Daniel Ortea o de plano son traidores de la patria”.
Otra de las que se manifestó contra dicho proyecto de ley, fue la presidenta del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) Kitty Monterrey, quien puntualizó no estar clara con las reformas de la dictadura, pues hay cosas que no están especificadas; cómo saber el tipo de observación que pretenden implementar, pese a que la demandad ciudadana es que cuente con la observación de organismos internacionales.
Para la Coalición Nacional esta iniciativa confirma la voluntad dictatorial de continuar imponiendo a cualquier costo un modelo totalitario e ilegítimo, que solo asegura más deterioro económico e inestabilidad social y política.
“Insistimos en que todavía es factible e ineludible lograr la unidad para detener este proyecto de Ley que pretende cerrar toda posibilidad de cambio, anulando la expresión soberana de los ciudadanos mediante el ejercicio del voto”.
