¿Qué esconde la “neutralidad” de El Salvador hacia Nicaragua?
La declaración de neutralidad del gobierno de Bukele en la OEA podría tener otras intenciones.
El gobierno de El Salvador reafirmó sus intenciones de “no intervenir en los asuntos internos” de otros países tras la aprobación de una resolución sobre la situación en Nicaragua por parte de la LIII Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) el pasado 23 de junio.
La delegación de El Salvador añadió un pie de página en el documento aclarando que “la República de El Salvador reafirma su posición de principios en materia de Derecho Internacional, en el sentido de no intervenir ni tener injerencia en los asuntos internos de otro Estado”.
A través del documento la OEA se mostraba “consciente del agravamiento de la crisis política y humanitaria en Nicaragua desde 2018” y “profundamente preocupados” por “el Informe de marzo de 2023… (probando) que existen elementos de hecho para concluir la existencia de un crimen de lesa humanidad de persecución”.
Lea además: El “tímido” papel del embajador de Bukele ante la dictadura de Ortega en Nicaragua
Napoleón Campos, experto salvadoreño en relaciones internacionales, comentó a República 18 que esta acción “refleja las propias contradicciones del proyecto tiránico y violatorio de la Constitución emprendido por el Sr. Nayib Bukele con las normas e instituciones del sistema internacional”.
“Esto lo hizo a sabiendas de que: uno, cada avance dictatorial en Nicaragua recibe la condena hemisférica y en la ONU; y dos, que estaba a pocas horas el propio Bukele de consumar la transgresión de la Carta Magna que prohíbe profunda y claramente la reelección presidencial inmediata y continua al inscribirse para ese fin en las internas de su partido político Nuevas Ideas” señaló Campos.
“Apetito re-electoral”
Bukele, presidente desde 2019, es uno de los mandatarios más populares de la región. Logró un índice de aprobación de alrededor del 90% con una política radical de combate contra las pandillas que ha sido criticada por la suspensión de garantías constitucionales a través de la aplicación de un Estado de Excepción, que ha sido extendido en 12 ocasiones. El régimen de excepción ha dejado más de 300 muertos en las cárceles.
Un proyecto tiránico
“El Sr. Bukele sabe que ningún parlamento ni gobierno democrático lo reconocerá como candidato legítimo pues los países amigos tienen fresco el costo internacional de haber mirado para otro lado cuando anunciaron su reelección ilegal tanto Daniel Ortega como Juan Orlando Hernández” explicó el experto.
“Dirá que es injerencia foránea la reacción internacional en forma de condena política y de sanciones financieras que acarreará a él y a quienes han sido su coro reelectoral, aparte a las sanciones comerciales que su conducta podría provocar para El Salvador como país ante la Unión Europea y EEUU.
“El Derecho Internacional, esgrimido por El Salvador en la OEA, no es un ‘menú a la carta’ que uno invoca a conveniencia”, reclamó Campos, añadiendo que además los tratados internacionales prohíben las aspiraciones continuistas: “La Constitución de El Salvador establece en su artículo 144 que los tratados y convenios ratificados por el país constituyen leyes de la República pero que además ‘en caso de conflicto entre el tratado y la ley, prevalecerá el tratado‘” .
“Todo proyecto tiránico, como los de Ortega y Bukele, por definición es incompatible con la Democracia y el Estado de Derecho” concluyó.
