Régimen en arbitraje por saqueo de propiedad de empresa estadounidense
Riverside Coffee, la empresa afectada por el saqueo de paramilitares y fanáticos sandinistas en 2018, demanda una compensación de casi 700 millones de dólares.
Los saqueadores exhibieron los símbolos y eslóganes del régimen sandinista en el lugar saqueado.
La empresa cafetalera con sede en Estados Unidos, Riverside Coffee LLC, abrió esta semana con el arbitraje de una demanda contra el Estado de Nicaragua por la invasión de la Hacienda Santa Fe, de la empresa INAGROSA, en San Rafael del Norte, Jinotega, y la destrucción de plantaciones, hechos ocurridos en 2018.
Riverside exige de primeras unos 689 millones de dólares de compensación.
La demanda fue interpuesta ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), una institución del Banco Mundial, y lleva tramitándose desde 2021. En un principio Nicaragua se negó a reconocer a las facultades del CIADI para mediar el conflicto, pero acabó aceptando a la instancia y pagando su cuota de arbitraje de 150 mil dólares.
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De parte de Riverside la defensa la monta un bufete privado canadiense, Appleton & Associates, mientras que la defensa sandinista la sostuvo el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) junto con la firma estadounidense Baker & Hostetler.
Riverside acusa al régimen sandinista, a través de operadores —señalados como efectivos paramilitares por la prensa independiente— de haberse apropiado de maquinaria agrícola, computadoras, vehículos (incluyendo tractores), plantas eléctricas, entre otros bienes. De ello dio fe Luis Adolfo Gutiérrez Cruz, entonces administrador de la propiedad en disputa, durante la audiencia transmitida por las redes de CIADI y otros sitios.
Los invasores igualmente deforestaron la propiedad por la madera de sus árboles y para sembrar frijoles en la tierra arrasada sin que las autoridades interviniesen en defensa de sus derechos de propiedad, como exige la ley, pero sobre todo del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA), cuyo capítulo décimo fue citado por el demandante.
Todo el arbitraje se basa en el derecho que el CAFTA otorga a demandar restitución al estado que haya faltado a su obligación de defender la propiedad de los inversionistas. En respuesta, el régimen trató de cuestionar la relevancia del mandato del CAFTA, así como la validez de los permisos que amparaban la operación económica de Riverside, así como la viabilidad del proyecto.
Las audiencias, de unas 9 horas por jornada, continuarán hasta, por lo menos, el próximo 12 de julio, bajo la dirección del finlandés Veijo Heiskanen y con árbitros de Bélgica y Gran Bretaña.
Esta sería la segunda disputa a nivel internacional que el régimen enfrenta esta semana, concurrente con un proceso por las irregularidades en la investigación de la muerte de Dina Carrión ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante la cual el régimen permanece en desacato por no presentarse a las audiencias desde hace dos años.
