“¡Pedimos una prueba de vida!”: El urgente llamado de los familiares de presos políticos detenidos en El Chipote
La solicitud de los familiares se debe a los tratos crueles e inhumanos a los que los presos son sometidos, como la falta de alimentación adecuada, falta de atención médica oportuna y la extrema delgadez en que están
Familiares de las personas presas políticas que se encuentran en la Dirección de Auxilio Judicial, conocido como “El Chipote”, demandaron este martes el urgente ingreso de la Cruz Roja Internacional para examinar las condiciones de salud en que se encuentran, luego de no tener visitas ni ninguna comunicación con el exterior desde hace más de 80 días.
“Pedimos una prueba de vida. Demandamos el ingreso de la Cruz Roja Internacional y de organismos de derechos humanos, para que puedan constatar la situación de las personas presas políticas”, demandó la periodista Berta Valle, esposa del preso político y exprecandidato a la presidencia, Félix Maradiaga.
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En mayo de 2019 fue la última vez, conocida públicamente, que miembros de la Cruz Roja Internacional pudieron visitar “in situ” las celdas de tortura del régimen en Nicaragua, para cerciorarse sobre el estado de salud y condiciones en la que se encontraban los presos políticos.
Sin embargo, el régimen de Daniel Ortega expulsó el pasado 24 de marzo al jefe de misión de la Cruz Roja Internacional para Nicaragua, Thomas Ess. Como respuesta, su directora de comunicaciones dijo a medios internacionales que ratificaban su compromiso de continuar su labor en el país.
Familiares de presos políticos temen por sus vidas
La principal razón por la que familiares de presos políticos solicitan esta revisión de la Cruz Roja Internacional es porque tienen más de 81 días sin poder verlos y también, de no tener ninguna información de ellos. Las autoridades policiales y judiciales guardan silencio.
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Otros factores que detonaron la solicitud son los tratos crueles e inhumanos a los que los presos son sometidos, tales como la falta de una alimentación adecuada, falta de atención médica oportuna y la extrema delgadez en la que se encuentran.
“No tenemos certeza de lo que está ocurriendo. Que permitan la visita de la Cruz Roja, así como de familiares para que podamos constatar las verdaderas condiciones de salud en la que se encuentran”, dijo Cristofer Mendoza, sobrino del preso político y cronista deportivo, Miguel Mendoza.
En reiteradas ocasiones, los familiares de presos políticos, así como organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, han denunciado esta situación como “un acto de tortura” no solo para las personas encarceladas, si no también para sus familiares.
Más de 80 días sin poder verlos
La última vez que se supo sobre el preso político, Irving Larios, fue hace 81 días, denunció su hija, Raity Larios. Durante la conferencia de prensa realizada este martes, Lario señaló que la última vez que vieron a su padre “estaba bastante deteriorado”.
“Seguía manteniendo una pelota en el brazo, de igual manera estuvo presentando subidones de presión por su condición de paciente crónico y seguía bajando de peso, unas 40 libras menos, porque pesaba 135”, señaló Raity.
La última vez que pudieron verlo supieron que iba a iniciar una huelga de hambre a pesar de su condición, desde ese entonces no saben nada de él. Lo mismo sucede con el preso y cronista deportivo, Miguel Mendoza.
Su sobrino, Cristofer Mendoza dijo que la última vez que pudieron verlo fue el pasado 27 de agosto y hasta ahora desconocen como se encuentra su salud, pues Miguel padece de diabetes y está encarcelado sin la posibilidad de tener un médico especialista que lo atienda.
“Tememos que su estado de salud pueda irse deteriorando cada vez más. Si sigue en huelga de hambre debe de tener más de 70 días, no es posible que nuestros presos políticos puedan resistir una acción como tal. Tenemos la confianza como familia de que Miguel haya desistido de esta huelga de hambre”, declaró.
En caso de que su llamado no sea escuchado los familiares de presos políticos dijeron que seguirán trabajando para lograr la “liberación completa” de todos los presos políticos que se encuentran en las diferentes cárceles del Sistema Penitenciario Nacional.
En Nicaragua existen unos 220 personas presas políticas según el recuento del Mecanismo para el Reconocimiento de la Persona Presa Política, sin embargo en los últimos días de noviembre se han reportado el encarcelamiento de opositores previo a la elecciones y otros 10 en la Costa Caribe Norte.