Audiencia clandestina contra religiosos y laico de Matagalpa
Esto es un “montaje anti jurídico” señala la abogada Martha Molina, ya que la audiencia se realizo a escondidas, sin que los secuestrados políticos tengan acceso a una defensa técnica y de confianza.
Tres sacerdotes, un diácono, dos seminaristas y un laico de Matagalpa que permanecen presos en El Chipote, luego del asalto a la Curia Episcopal donde permanecieron retenidos arbitrariamente durante 15 días junto al obispo Rolando Álvarez, fueron sometidos a una audiencia, que apunta al inicio del proceso de criminalización.
Se trata de los presbíteros Sadiel Eugarrios, Ramiro Tijerino y José Díaz; el camarógrafo Sergio Cárdenas, el Diácono Raúl Vega González y los seminaristas Darvin Leiva y Melquin Sequeira, que enfrentaron audiencia de “Garantía de Derechos”, dirigida por la nueva jueza Gloria María Saavedra Corrales, titular del juzgado Décimo de Distrito Penal de Audiencias de Managua, y que se hizo de forma clandestina y validada por un grupo “selectivo” de “defensores” públicos.
Según el abogado Yader Morazán, una fuente del Poder Judicial reveló que la audiencia se celebró por la tarde del lunes 22 de Agosto del 2022, en la única sala que conecta directamente a las celdas del Complejo Judicial de Managua (No.6), una vez que se había retirado el personal que sale a la 1:00pm.
“Según mi informante, las siete personas fueron llevadas ahí con el rostro cubierto, y como era de esperarse, en esa encerrona no hubo resistencia para la formalización de la “detención” de 90 días para “complementar” actos de investigación, bajo una de las nuevas leyes de Ortega”, señaló Morazán en su cuenta de Twitter.
A criterio de la abogada Martha Patricia Molina, el Poder Judicial violó una vez más los derechos de los ciudadanos al realizar la audiencia de forma clandestina.
“Dicha audiencia ya se realizó a escondidas, sin que los secuestrados tengan acceso a una defensa técnica de confianza y nombrada por ellos a como se los garantiza las leyes constitucionales y penales del país, lo que evidencia que esto no es un juicio sino un montaje anti jurídico”, señaló Molina a República 18.
“El sistema judicial de Nicaragua ni sus propias leyes inventadas e inconstitucionales respetan y cumplen”, añadió.
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Policía se exede en sus tiempos
La abogada Martha Molina señaló que la Policía al servicio de Daniel Ortega, tenía un plazo de 48 horas para poner a la orden del juez a los detenidos según lo establecido en el artículo 253 de la Ley de Reforma y Adición a la Ley 406, Código Procesal Penal, señaló.
Añadió que los acusados o imputados tienen que ser sometidos a una “Audiencia especial de tutela de garantías constitucionales”.
90 días de investigación
La abogada detalló que la Fiscalía no argumentó las razones por las cuales se necesita más tiempo para complementar actos de investigación, ni sobre qué indicios se sustentan los actos iniciales de investigación que requieren ser complementados.

“La autoridad judicial determinará mediante auto la procedencia de la solicitud y señalará de forma expresa el plazo razonable para la investigación complementaria, el cual no podrá ser menor de quince ni mayor de noventa días, la autoridad judicial tomará en consideración la gravedad del hecho, la complejidad de la investigación, la pluralidad de afectados, imputados o conductas, cuando la investigación se trate de delitos vinculados al crimen organizado, o se trate de delitos de relevancia social y trascendencia nacional y cualquier otra información o elemento de prueba que ayude a fundamentar la procedencia de la solicitud”, señaló Molina al respecto.
Imponen judicial y defensor
Además, señaló que el Poder Judicial impuso un defensor público en el caso del laico y los sacerdotes u religiosos de Matagalpa, hoy presos políticos del régimen en Nicaragua.
“No obstante, tal como lo he venido diciendo, el nuevo Pdte. del Tribunal de Apelaciones, Ernesto Rodríguez es quién dirige y llama a la directora de la Defensoría, Clarissa Ibarra, para bajar orientaciones a los defensores que cubrirán las audiencias, claro del grupo de confianza”, señaló Morazán.
El abogado denunció que se asignó un juez de “confianza” que llevará el caso y toda la logística que implica desde manipular el sistema “aleatorio” para la asignación del expediente, como la autorización de eliminar la visibilidad para el público.
“No hay forma de acceder al expediente en físico, ni obtener información para saber si existe una causa en trámite de determinada persona y mucho menos presentar un escrito pidiendo intervención de ley para ejercer como defensa, ni se diga participar en la audiencia.
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Clero de Estelí exige liberación de sacerdotes y obispo de Matagalpa
Miembros del clero nativo de la Diócesis de Estelí publicaron una carta en la que reclaman a la dictadura sandinista por la persecución desatada contra la Iglesia Católica, el secuestro de sacerdotes y del Obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez.
Hasta el momento, ha sido el pronunciamiento más directo y fuerte de miembros del clero diocesano dentro del país frente a la persecución de la dictadura contra la Iglesia Católica.
“Liberen al obispo, a los sacerdotes y laicos y el Señor se apiadará de ustedes si es que se convierten de corazón. Respeten la Constitución Política. Hacen lo que les da la gana con las leyes, las manipulan, las crean por decreto para encarcelar a los ciudadanos y recuerden: nadie debe estar por encima de la Constitución, eso que ustedes hacen sí es fomentar el desorden y la zozobra en este sufrido país”, se lee en el contundente comunicado del clero de la Diócesis de Estelí.



En su pronunciamiento enumeraron los actos violentos de la dictadura contra la Iglesia Católica y acusaron al régimen de ser el propiciador de la zozobra en el país.
“La incitación al odio y a la violencia la iniciaron ustedes, cuando el señor Daniel Ortega, en el acto oficial de la celebración del 19 de julio de 2019, acusó públicamente a algunos obispos de ser golpistas, terroristas y, desde entonces, son innumerables las veces en las que ustedes, que debieran dar el ejemplo de civismo y respeto, arrojan todo tipo de improperios, ofensas y difamaciones”, señalan los religiosos en una carta divulgada a través de medios de comunicación de la Iglesia Católica.
“Aquí no hubo ningún golpe de Estado”
Asimismo señalaron que la naturaleza y misión pastoral de la iglesia ha sido pacífica y que ha soportado con paciencia “las barbaridades” del régimen.
Los miembros del clero de Estelí, defendieron su labor de velar por las vidas humanas en las protestas de abril de 2018.
“Aquí no hubo ningún golpe de Estado, pues los golpes de estado los ejecutan los ejércitos y aquí el ejército no le ha dado golpe a nadie. Eso solo existe en la mente de ustedes”, señalaron.
De igual señalaron al sistema sandinista de haber cometido errores en la década de 1980 y aseguraron que estos quedaron cortos frente a las “barbaridades” cometidas por la dictadura a partir de 2018.
“El Señor les concedió la oportunidad de asumir nuevamente el gobierno y de no repetir los errores de su primera administración. Pero no solo los han repetido, sino que los han sobrepasado. Es realmente lamentable”, expusieron.