Dictadura instituye “copresidentes” con reforma a la Contraloría
“La autonomía no puede ser excusa para evitar el control estatal”, declaró el presidente de la Asamblea, el sandinista Gustavo Porras, durante la sesión que aprobó la reforma.
Interior de instalaciones de la Contraloría General de la República en Managua, Nicaragua.
La Asamblea Nacional, bajo control del régimen sandinista, aprobó con carácter de urgencia una reforma exprés para imponer en la Contraloría General de la República (CGR) la figura de “copresidentes” el martes, 17 de junio. Se trata de una reforma a la Ley (681) Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema de control de la administración pública.
El presidente de la Asamblea, el sandinista Gustavo Porras, justificó la reforma alegando su necesidad para “poner en correspondencia” con la Constitución Política, reformada a finales de 2024, a la institución. La reforma llega en medio de controversias por presuntos despidos masivos y la renuncia de María José Mejía García, exmiembro propietaria del Consejo Superior de la CGR, ese mismo día.
Insistiendo en la política de “igualdad de género” en cargos públicos impuesta por el régimen en 2012 con la Ley 648, el régimen reestructuró la dirección de la CGR en una “presidencia colegiada”, compuesta por un “copresidente” masculino y una “copresidenta” femenina, tal como había reestructurado al Poder Ejecutivo en sus reformas de finales de 2024.
“Lo que necesitamos es una contraloría que revise en paralelo, que tenga acción preventiva, que detecte errores antes de que ocurran… que prevenga los robos o las pérdidas, si fuesen involuntarias, pero que al fin y al cabo prevenga y defienda el patrimonio del pueblo de Nicaragua. Eso es lo que necesitamos“, declaró Porras.
La reforma llega también una semana después de que desde el interior de la institución reportasen la inconformidad de Presidencia, particularmente de Murillo, con las proyecciones de las auditorías realizadas en todo el país. “La autonomía no puede ser excusa para evitar el control estatal“, acotó Porras.
Hasta la fecha, según informes internos confiados a medios independientes, hasta 90 funcionarios de la CGR han sido removidos de sus puestos en la última semana. República 18 pudo confirmar con una fuente cercana a la institución el despido de unos 50 individuos, separados de sus labores sin la debida compensación.
