Anexa Alfred denuncia la situación de los pueblos indígenas de Nicaragua ante Estados Unidos
La defensora nicaragüense dejó en evidencia que el desplazamiento forzado que sufren muchas familias indígenas debido a las violaciones de derechos humanos perpetradas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, representan una forma de “etnocidio”.
La defensora de los pueblos indígenas Anexa Alfred junto al líder campesino Medardo Mairena.
La defensora indígena Anexa Alfred, es una de las personas nicaragüenses que brindó su testimonio en la investigación de la Sección 301 sobre Nicaragua. En su intervención, denunció las graves situaciones de violencia que enfrentan los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe de Nicaragua.
Según Alfred, esta violencia no es un hecho aislado, sino parte de un proceso sistemático y prolongado de persecución y despojo que ha marcado la vida de las comunidades en esa región.
Alfred explicó a República 18 que el testimonio que presentó ante la Oficina de Comercio de Estados Unidos se centró en la criminalización, persecución, destierro, exilio y desaparición forzada de los líderes defensores de derechos humanos y de los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe.
Estos ataques provienen de agentes estatales y paraestatales que buscan controlar los territorios y los recursos naturales en la región, afectando profundamente la autonomía y el bienestar de las comunidades, apuntó.
La defensora también detalló que denunció el desplazamiento forzado que sufren muchas familias indígenas debido a las violaciones de derechos humanos perpetradas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Según Alfred, estas prácticas violatorias de derechos humanos son vistas como una forma de “etnocidio”, cuyo fin es la desaparición de los pueblos indígenas y afrodescendientes en la Costa Caribe.
Esta situación, señaló, no es nueva, sino que data desde los años 80, cuando ya comenzaron a forjarse las primeras estrategias de control territorial por parte del Estado.
Alfred destacó que uno de los aspectos más graves de esta persecución ha sido el desmantelamiento de las estructuras tradicionales de gobierno y liderazgo en las comunidades indígenas.
Comunidades vulnerables ante ataques y despojo de sus tierras
“El tema de los gobiernos territoriales y la falta de protección ante las graves violaciones de derechos humanos han llevado a una debilitación total de la capacidad de las comunidades para defenderse”, explicó. A su juicio, la falta de un marco de protección ha dejado a las comunidades vulnerables ante los ataques y el despojo de sus tierras.
La defensora también destacó que las autoridades gubernamentales ha facilitado, de manera sistemática, la entrega de tierras indígenas a empresas nacionales y extranjeras.
Finalmente, Alfred insistió en que todos estos actos configuran un claro etnocidio en la Costa Caribe de Nicaragua. “Estas políticas no solo afectan directamente a las comunidades indígenas y afrodescendientes, sino que también tienen repercusiones a nivel internacional”, agregó.
Explicó que, durante su intervención, se abordaron los efectos de estas prácticas en la economía, con especial atención a las empresas ilegales que operan en la región, como las del sector minero y ganadero, que operan de manera irregular.
Además, mencionó cómo estas políticas impulsan la migración forzada hacia otros países, lo que también tiene implicaciones para Estados Unidos. No obstante, Alfred reiteró que su principal enfoque sigue siendo denunciar las violaciones de derechos humanos y cómo estas afectan la vida y la supervivencia de las comunidades en la Costa Caribe de Nicaragua.
El caso de Nicaragua
La sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, enmendada, está diseñada para abordar prácticas extranjeras injustas que afectan al comercio de Estados Unidos. La investigación abierta en contra de Nicaragua busca identificar actos, políticas y prácticas que puedan violar los derechos laborales, los derechos humanos y desmantelar el Estado de derecho que puedan constituir una carga para el comercio de Estados Unidos.
La representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, ha indicado que “desgraciadamente, numerosos informes indican que el Gobierno de Nicaragua participa en actos represivos que dañan al pueblo y a los propios trabajadores de Nicaragua, perjudicando la competitividad justa y desestabilizando nuestra región”.
