Así fueron sometidas las comunidades indígenas del Caribe nicaragüense en 2024
Violencia y despojo, sumado a la anulación de la autonomía que gozaron las regiones del Caribe, caracterizaron 2024 para las comunidades indígenas de Nicaragua.
Ruinas de la casa del matrimonio Dávila-Palacios tras un ataque de colonos. 22 de marzo.
Despojo, asedio y subversión: 2024 no fue un año sencillo para las comunidades del Caribe nicaragüense, asoladas por décadas ya de oleadas de mestizos y corporaciones con sus tierras en la mira, abandonados por un Estado que colabora en su desarraigo forzado y, ahora, busca anular la autonomía ganada con los dolores del siglo pasado.
Apenas a tres días de iniciado el año, un enfrentamiento entre grupos de colonos asentados ilegalmente en el territorio indígena Wangki Twi Tasba Raya, en la Región Autónoma del Caribe Norte (RACN), tuvo consecuencias fatales. Ataques dirigidos contra los nativos siguieron los meses siguientes.
Ataques físicos, ataques políticos
Un grupo de cerca de 30 colonos tomó por asalto Amtrukna, una comunidad en el territorio indígena mayangna Sauni As (RACN), a finales de marzo. Eso ocurrió semanas después de las elecciones regionales, comicios altamente irregulares, organizados sin la participación de los partidos locales y cuyos resultados (>80% para el Frente Sandinista) fueron repudiados por el liderazgo indígena en el exilio.
Las elecciones fueron consideradas por este liderazgo como una formalización de lo que ya venía pasando: la consolidación del domino del régimen sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo, proyectando su poder desde Managua, sobre el Caribe nicaragüense. De facto, la cierta autonomía del Caribe nicaragüense quedó anulada, culmen de un proceso ya varios años en auge.
En mayo, una joven activista de 21 años fue asesinada por colonos en el territorio Twi Yahbra (RACN), según una denuncia de la organización indígena Prilaka Community Foundation. Los perpetradores intentaron deshacerse del cuerpo lanzándolo al río Wawa, en el sector de Kruwarbang.
Steadman Fagoth, líder indígena ligado al régimen sandinista, pero que reconocía la necesidad de encarar a los colonos, fue detenido por una patrulla en septiembre apenas días después de que declarase la necesidad de “tomar medidas drásticas para expulsar a los colonos armados que han invadido las tierras indígenas“.
Fagoth se unió a Brooklyn Rivera y a Nancy Henríquez, los únicos líderes indígenas admitidos en la Asamblea Nacional (como diputado y suplente, respectivamente) en la lista de desaparecidos y presos políticos. YATAMA, el partido que Rivera lideraba, surgido de milicias anti-sandinistas en la década del ochenta, cumplió año clausurado en octubre.
El resto del liderazgo, que opera a nivel local, también ha sido criminalizado. En los primeros seis meses de 2024 hubo 37 guardabosques sometidos a juicios injustos y tratos inhumanos en prisión. Entre estos se encuentran cuatro guardabosques Mayangna detenidos en 2023 y condenados ilegalmente a cadena perpetua.
“Etnocidio”
A principios de noviembre, un fuerte enfrentamiento entre colonos y comunitarios indígenas dejó dos colonos muertos y tres miskitos heridos en la comunidad indígena Francia Sirpi, Waspam (RACN). Días después, tres miskitos, entre ellos una pareja de hermanos, fueron asesinados en un atentado perpetrado por colonos.
Desde hace años, la violencia es una amenaza constante en las comunidades indígenas del Caribe. El Observatorio de derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe de Nicaragua (OPIANIC) contabiliza hasta la fecha más de 1291 agresiones contra comunidades indígenas en el Caribe.
La situación es tan grave que ha sido catalogada por organismos no gubernamentales como una instancia de “etnocidio” ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). A esto contribuye la filosofía extractivista que ha asumido el régimen de cara a la región; en el año más de 53 mil hectáreas de su territorio fueron concedidas a corporaciones extranjeras, sobre todo chinas, para la explotación.
Mayores retos a la autonomía fueron planteados a finales de noviembre con una reforma constitucional cuyas disposiciones anularían de iure la relación autonómica entre el gobierno central y ambas regiones. La nueva constitución entrará en vigor en 2025, restructurando efectivamente al Estado nicaragüense y abriendo la posibilidad de reformas posteriores al régimen autonómico.
