Tan sólo un 17% de los nicaragüenses posee una cuenta bancaria

El 82.7% de la población nicaragüense mayor de 15 años no posee una cuenta bancaria, según la más reciente (marzo, 2024) Encuesta de inclusión financiera elaborada por el Instituto Nicaragüense de Información para el Desarrollo (INIDE), lo que supone para el país una serie de barreras en materia de inclusión financiera.

De ese dato se desglosa que, predeciblemente, la mayoría de personas que poseen cuentas bancarias viven en zonas urbanas, donde el porcentaje aumenta a un 23.8%, mientras que en zonas rurales se reduce hasta en un 7.1%. Y, si bien desde 2016 ha habido un aumento general en la porción de la población afiliada a algún banco, Nicaragua sigue bastante por detrás que el resto de la región.

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En Costa Rica, por ejemplo, cerca del 60% de la población posee una cuenta en alguna institución bancaria, según datos del Consejo Monetario Centroamericano. En otros países de la región, aunque generalmente se encuentran muy por detrás de Costa Rica, todos superan a Nicaragua.

En Panamá con un porcentaje del 45%; en El Salvador con 27.8% (cf. Consejo Monetario Centroamericano), en Guatemala con 37% y en Honduras con 31%.

Poca infraestructura

“El contexto urbano, prácticamente por inercia, obliga a la gente a tener presencia bancaria. Y existe el proceso de bancarización que proviene de la globalización”, explicó a República 18 el economista costarricense Daniel Suchar.

Según Suchar, el aumento registrado en los últimos años (13% a 23.8% en el ámbito rural desde 2016) es de esperarse. “Lo contrario ocurre con aquellos alejados de epicentros urbanos. Estos siguen confiando en que el efectivo es la única forma de poder cuidar el dinero“, señaló Suchar.

“Las instituciones bancarias no se colocan en suburbios, mucho menos en pueblos y poblados. Eso evita que la persona en la zona rural considere necesario contratar sus servicios. Su ecosistema se ve limitado y el efectivo sigue siendo el instrumento de intercambio“, comentó el economista.

Braudy Sánchez, licenciado en Economía Aplicada al Desarrollo por la Universidad Centroamericana (UCA), añadió que la principal razón para tan poca bancarización es “la informalidad de la economía, tanto la informalidad empresarial como laboral, que de manera crónica ha sido superior al 70%” en Nicaragua.

La informalidad en Nicaragua conforme la economía sufre los efectos de una crisis económica, social y política prolongada los últimos 6 años. Foto: República 18

“La mayoría de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) en una economía de subsistencia como Nicaragua son informales, lo que motiva el uso del dinero en efectivo, por ejemplo, en los mercados populares. Pero también el pago de nóminas es dado generalmente en efectivo para evitar el pago de impuestos y seguridad social“, explicó Sánchez a República 18.

“Una fuerte desconfianza” genera consecuencias

Sánchez citó, al igual que Suchar, la poca infraestructura, y agregó que aún existe “una fuerte desconfianza del sistema bancario debido a la experiencia de quiebras en el pasado”.

Falta de educación financiera que genera temor por mitos sobre costos y tarifas de servicios bancarios y un gobierno nacional que no ha incentivado un marco de promoción para utilizar cuentas bancarias como, por ejemplo, sí lo ha hecho Costa Rica mediante el SINPE (Sistema Nacional de Pagos Electrónicos) “que ha estandarizado, reducido costos y simplificado las transacciones”, apuntó el experto.

“Las consecuencias de esto son variadas. En primer lugar, el sistema financiero no es capaz de conocer la calidad crediticia de la población por qué no tiene datos de esta lo que limita el acceso al crédito bancario. Se complica la modernización tecnológica y digital de las empresas, debido a que su público meta no posee acceso a pagos digitales”, comentó Sánchez.

Además, las personas son más vulnerables a robos y no poseen un registro contable de sus ingresos o gastos. Transferencias de dinero se vuelven complejas tanto dentro del país como la recepción de remesas, obligando a utilizar más intermediarios y aumentando los costes.

Tal dinámica, explicó Sánchez, genera “un ciclo de pobreza económica, (porque) normalmente es la población con mayores ingresos quienes pueden acceder a estás herramientas, mientras que la población con menos ingresos no lo hace. A largo plazo aumenta la desigualdad y dificulta la recaudación de impuestos“.

“Sin embargo ante la situación dictatorial en Nicaragua, esto último es positivo“, concluyó.