Comunidades del Caribe denuncian violaciones a sus derechos en “proceso de consulta” para el proyecto Bio-Clima

La Plataforma de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes (INANA) denunció “violaciones a los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas y afrodescendientes” a raíz de la aprobación sin consulta del proyecto Bio-Clima, una iniciativa del Fondo Verde que fue aprobada en noviembre 2020 y firmado al año siguiente, según expresaron en un comunicado con fecha de este martes, 5 de septiembre.

El Fondo Verde es una iniciativa de Naciones Unidas que busca ayudar a los países en vías de desarrollo a adaptarse y mitigar los efectos del cambio climático. Pero los fondos dedicados a Nicaragua del Fondo Verde para este proyecto, unos 116 millones de dólares, fueron retenidos en julio de 2023 por denuncias que apuntaban a que el proyecto tendría consecuencias negativas para la población indígena y afrodescendiente del Caribe nicaragüense.

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Para superar el impasse provocado por la retención de fondos, INANA explica que el régimen de Daniel Ortega “ha impulsado una pantomima de consulta y consentimiento, invasiva y forzosa, sobre los pueblos indígenas y afrodescendientes”, un proceso contra el que formulan una serie de cuestionamientos, comenzando con que, en las supuestas consultas, a las comunidades indígenas y afrodescendientes “no se les ha dado la oportunidad de revisar el contenido, alcance y mecanismos de seguimiento del proyecto”.

Más bien, este “proceso de consulta se desarrolla en le marco de la consolidación del autoritarismo político en Nicaragua mediante la represión, persecución y control político, que alcanza a todos los niveles en las regiones autónomas de la Costa Caribe nicaragüense de manera progresiva y sistemática“, según denuncia la organización.

Proceso ilegítimo

La organización reveló que “el proceso no cumple con las condiciones mínimas para que sea una consulta previa válida y encaminada al respeto que establece el derecho internacional para pueblos indígenas” y enumera las razones:

Las reuniones ‘de consulta’ en territorios indígenas y afrodescendientes “carecen de representatividad y legitimidad“, según denunció INANA, porque que están dominadas por una “fuerte presencia policial y militar, y con participación designada por las estructuras del partido de gobierno, el Frente Sandinista”. La presencia del FSLN en la región, según la entidad, ha estado marcada por la polarización, la construcción de estructuras políticas paralelas en contra de los intereses de las comunidades y la promoción de las invasiones.

De igual forma, el comunicado denunció que ni a las asambleas comunales ni a otras autoridades regionales legítimas se les ha proporcionado información en tiempo y forma acerca del contenido del proyecto. Por consiguiente, tampoco se han abierto espacios para discutir la implementación, enfoques u objetivos del proyecto.

Otro señalamiento es que “se incorporaron extensiones territoriales que no están contempladas como beneficiarios del proyecto Bio-Clima, como el territorio de Awaltara en la Muskitia Sur y el territorio de Tawira en la Muskitia Norte, por fuera de las reservas de biósfera Bosawás e Indio Maíz”.

Llamado a la comunidad internacional

Como ocurre en las regiones del Pacífico, las comunidades afrodescendientes e indígenas de Nicaragua sufren del cierre de los espacios cívicos, persecución, criminalización, destierro y exilio forzoso en contra de sus líderes y defensores de derechos humanos y colectivos de sus tenias.

Esta situación se ve agravada por su situación histórica de opresión y resulta en lo que INANA llama “una crisis humanitaria sin precedentes en total impunidad”, que ha devenido en “masacres, asesinatos, desapariciones y desplazamientos forzados“.

Por esto, INANA pide a la comunidad internacional “el llamado de los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe de Nicaragua en su denuncia del efecto negativo, potencialmente irreversible, que podría causar el proyecto Bio-Clima” de ser administrado por el régimen sandinista.

“Hacemos un llamado a los Estados, al Estado de Nicaragua, a la comunidad y a las organizaciones internacionales, a escuchar a las comunidades indígenas y afrodescendientes de Nicaragua que denunciamos estas medidas que ponen en riesgo nuestra forma de vida y de formar comunidad”, dijo Anexa Alfred, lideresa indígena y defensora de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, a República 18.

“Pedimos la suspensión de todo plan de financiamiento actual para el Estado nicaragüense en proyectos relevantes a los recursos naturales y el medio ambiente mientras no se den las garantías adecuadas de respeto a los derechos de las personas indígenas y afrodescendientes”, exigió Alfred.