ONU preocupada por deterioro de derechos humanos en Nicaragua
La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a través de su portavoz, Martha Hurtado, instó al régimen a abordar la crisis sociopolítica y de derechos humanos a través del diálogo
La portavoz del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Marta Hurtado, declaró este viernes que siguen preocupados por el deterioro de la situación de derechos humanos en Nicaragua debido a que el régimen de Daniel Ortega sigue “silenciando activamente cualquier voz crítica o disidente en el país” a través del sistema de justicia dominado por magistrados leales a la dictadura.
Muestra de ello son, según mencionó la portavoz, el arresto arbitrario de 63 personas en todo el país durante dos redadas nocturnas emprendidas por oficiales de la policía orteguista en mayo pasado. Entre los detenidos y posterior liberados bajo la modalidad de presentarse a firmar diario, incluyendo, opositores, activistas, periodistas, fueron acusados de cometer “conspiración para socavar la integridad nacional” y “difusión de noticias falsas”.
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Hurtado en nombre de OACNUDH llamó a las autoridades para que detengan la represión de la disidencia y liberen de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente, e instó a “restaurar el estatus legal de todas las organizaciones y medios de comunicación que han sido clausurados arbitrariamente desde 2018”.
La funcionaria afirmó que la Oficina de Derechos Humanos insta al gobierno “a abordar la crisis actual a través del diálogo, la rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos y reformas institucionales y legislativas para restaurar el estado de derecho”.
Y que de hecho, aseguró que la OACNUDH está “lista y disponible para ayudar a Nicaragua a promover los derechos humanos en el país. Dar acceso a nuestro personal constituiría un paso importante hacia una mejor cooperación con el sistema de la ONU”.
Mantienen el foco en los ataques a la Iglesia Católica
A su vez, aseguró que mantienen conocimiento de los ataques contra la Iglesia católica del país, entre ellos la reciente expulsión de religiosas, las detenciones arbitrarias, y la falta de información sobre la situación carcelaria de monseñor Rolando José Álvarez, obispo quien fue condenado tras negarse a ser desterrado el 9 de febrero pasado, a 26 años de cárcel.
“Se encuentra actualmente en La Modelo, una prisión en Tipitapa y no ha recibido visitas desde el 25 de marzo. La Oficina ha recibido información de que sus condiciones de prisión violan normas y estándares internacionales de derechos humanos, con higiene y saneamiento inadecuados, sin acceso a luz natural y sin permiso para pasar tiempo fuera de su celda”, indicó Hurtado.
Particularmente, denunció que en Nicaragua se les han congelado las cuentas bancarias al menos a tres de las nueve Diócesis de la Iglesia Católica de Nicaragua después de que la Policía informara que la institución estaba siendo investigada por presunto lavado de dinero.
“El Gobierno ha acusado a la Iglesia de Nicaragua de ser una organización criminal que apoya lo que denomina “terrorismo” y la desestabilización del país”, dijo Hurtado.
Despojo de títulos y cancelación de oenegés
La funcionaria destacó que los días 9 y 11 de mayo, la Corte Suprema de Justicia dictaminó que 26 abogados y notarios críticos al régimen, incluidos defensores de los derechos humanos, ya no podían ejercer la abogacía en el país.
“Veinticinco fueron despojados de su nacionalidad en febrero, junto con otras 292 personas. Las autoridades han confiscado algunos de sus bienes y propiedades”, declaró.
Asimismo, manifestó que más de 3,200 organizaciones les cancelaron y despojaron de su personería jurídica desde finales de junio de 2022, y de hecho, algunos medios de comunicación también se han visto obligados a cerrar por la represión.
