Régimen busca exiliar a más opositores con un nuevo método represivo

En los últimos días, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha ejecutado un nuevo método represivo en Nicaragua —nación centroamericana que cumplió cinco años de estar en crisis sociopolítica— con el que busca exiliar a más opositores, según defensores de derechos humanos y abogados consultados por República 18.

El 3 de mayo, en horas de la noche, más de una treintena de nicaragüenses fueron detenidos y llevados a los juzgados en Managua donde fueron acusados en “audiencias informativas” de manera exprés de los delitos de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” y “propagación de noticias falsas” que en resumen son considerados por la dictadura como “traidores a la patria”, motivo que conlleva al arrebato de la nacionalidad, confiscación de bienes e incluso destierro.

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A pesar de que fueron liberados bajo la medida de “presentación periódica”, con la que obliga a los acusados, entre ellos periodista, familiares de víctimas mortales de la masacre de abril que dejó 355 asesinados —según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)— y opositores, a estar yendo a firmar diario a los juzgados de sus localidades o de otras ciudades.

Tal es el caso del periodista y excorresponsal del diario La Prensa, en Madriz, William Aragón, quien a pesar de haber solicitado el traslado de su caso de Somoto a Estelí, le fue negado y más bien le dijeron que “agradeciera que había aceptado la solicitud del Ministerio Público de que viajara todos los días a Somoto, y que no me mandaban a la cárcel”.

Este nuevo método se suma al encarcelamiento y destierro de opositores, cierre y confiscación de medios de comunicación, hostigamientos, prohibición de todo tipo de manifestación, incluyendo las religiosas, y la cancelación de personerías jurídicas de organismos sin fines de lucro, que ya sobrepasan los 3,000.

“La principal carta del régimen es el terror y la naturaleza de los dementes que gobiernan, creo que, sienten placer sembrar el terror”, refuta Pablo Cuevas, director de la Defensoría Nicaragüense de Derechos Humanos USA (DNDH).

Estado de terror y exilio forzado

Cuevas considera que la última cacería emprendida por el régimen lo hizo que todos los nicaragüenses que le representen aunque sea la mínima amenaza “comiencen a correr”.

“Hay centenares de personas que fueron detenidas, pero lo que pasa que el terror impera y callan. Yo conozco que muchas personas de las que fueron detenidas ya están exiliadas, o están haciendo los preparativos exiliarse, entonces no quiere tener a nadie que represente el mínimo riesgo para la permanencia de su régimen criminal en el poder”, denuncia el defensor Cuevas.

En esa misma línea, Gonzalo Carrión, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, no duda en señalar que el régimen desde el 2018 ha venido “afilando” su “maquinaria de terror” entre ellos figura la aprobación del combo de leyes represivas con la que ahora se acusa y condena a los opositores.

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“Lo que vemos ahora, cinco años después, iniciando mayo, vemos la redada en la forma de captura de corto tiempo y acusaciones inmediatas en horas de la absoluta oscuridad, ellos hacen todo con la sombra. Ellos han provocado que las personas se escondan o se vayan del país”, expresa Carrión.

Enseguida menciona, que “nunca antes habíamos tenido un éxodo de nicas que no tiene comparación más que en tiempos de guerra”.

Por su parte, Danny Ramírez-Ayérdiz, secretario ejecutivo de Centro de Asistencia Legal lnteramericano en Derechos Humanos (CALIDH) coincide con la valoración de los defensores anteriores sobre el principal objetivo del régimen de imponer el terror. “Esto de someter a las personas en audiencias en horas de la madrugada es un terrorismo de Estado que busca silenciar, y las medidas cautelares lo que hacen es infundir miedo en las víctimas. El régimen quiere tener un nivel de terrorismo peor, y quiere controlar todo, quiere someterlos”, sostiene.

Advierte que el mensaje claro que intenta enviar la dictadura es que “cualquiera puede ir a la cárcel”.

Reforma constitucional

La Asamblea Nacional, dominada por diputados orteguistas, aprobó el 9 de febrero pasado de maneras exprés una reforma al artículo 21 de la Constitución Política de Nicaragua para despojar de la nacionalidad a los opositores.

La reforma establece que la “adquisición, pérdida y recuperación de la nacionalidad serán reguladas por las leyes” y que “los traidores a la patria pierden la calidad de nacional nicaragüense”.

Dicha medida fue aplicada ese día a 317 nicaragüenses, entre ellos los 222 presos políticos a los que liberó y desterró a Estados Unidos, y al obispo de la Diócesis de Matagalpa, Rolando Álvarez que por haberse negado a ser desterrado lo condenaron a 26 años de cárcel.

Posterior, el 15 de febrero, esa misma acción fue aplicada a 94 nicaragüenses ya en el exilio, entre los que figuran directores de medios de comunicación, periodistas, defensores de derechos humanos, escritores, y opositores a quienes además de arrebatarles la nacionalidad, se les confiscó sus bienes y congeló cuentas bancarias en Nicaragua.