Pueblos de la Costa Caribe denunciarán ante la Corte IDH al Estado nicaragüense por caso del Gran Canal Interoceánico

Líderes de los pueblos Rama y Kriol, comunidad de Monkey Point y comunidad negra creole indígena de Bluefields, en la Costa Caribe nicaragüense, denunciarán al Estado este 2 de febrero de 2023 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), por la concesión de tierras indígenas y ancestrales para la “construcción del Gran Canal Interoceánico”.

El Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (Calpi) señaló que el caso ya había iniciado en 2014, a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por la falta de consentimiento libre e informado de la Ley 800, que creó el marco legal del Gran Canal Interoceánico por Nicaragua y la Ley 840, que otorgó la concesión sobre tierras indígenas y afrodescendientes.

“Estas leyes no fueron consultadas con las comunidades indígenas y afrodescendientes del territorio Rama y Kriol, y la Comunidad Negra Creole Indígena de Bluefields, a pesar que 52% de la ruta del Gran Canal atravesaría su territorio. Autoridades del Gobierno Territorial Rama y Kriol, en su momento denunciaron que el Estado de Nicaragua cooptó al presidente del Gobierno Territorial y lo hizo firmar un supuesto convenio con la autoridad del Gran Canal, que le otorga ilegalmente el arrendamiento perpetuo sobre 263 kilómetros cuadrados de tierra en el corazón de su territorio ancestral”, puntualiza el documento.

De acuerdo con Calpi, la controversia del caso “versa sobre el incumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado de Nicaragua, a la autodeterminación de estos pueblos”, al imponer autoridades paralelas a las legítimamente electas por las comunidades. Igualmente, determinan que el Estado no actuó de buena fe con respecto a la consulta y la elaboración del convenio.

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Asimismo, señalan que el régimen de Daniel Ortega ha actuado con omisión referente al saneamiento del territorio Rama y Kriol, titulado desde el año 2009, comprometiendo así también la protección y conservación de la Reserva Biológica Indio-Maíz.

Estado de Nicaragua debe reparar los daños

“El Estado de Nicaragua también está comprometido internacionalmente a proteger y garantizar la integridad física, psíquica y moral, de los miembros y autoridades –personas defensoras de los derechos humanos- de estos pueblos. En la protección de sus territorios y medio ambiente, sin discriminación alguna. Así como a reparar los daños que les han sido causados y a garantizar la no repetición de los actos violatorios de sus derechos humanos”, añadió el organismo.

El director de Fundación del Río, Amaru Ruíz, agregó que “las comunidades indígenas y afrodescendientes de Nicaragua llevan otro caso ante un tribunal internacional por la violaciones a sus derechos, esta vez por la concesión del Canal Interoceánico entregada por el régimen de Ortega y Murillo”.

El 22 de enero de este año, la Corte IDH rechazó las acciones que se vienen cometiendo en contra de los “pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes”. También llamó a procurar su protección frente a iniciativas que pongan en riesgo su integridad física y cultural.

“En 2013, el Consejo Regional Autónomo Atlántico Sur (CRAAS) aprobaría la autorización por el Estado de Nicaragua del megaproyecto ‘Gran Canal Interoceánico de Nicaragua’ en 2014. El Gobierno habría anunciado que la ruta del canal interoceánico atravesaría el territorio Rama y Kriol”, se lee en el escrito.

María Luisa Acosta, abogada de Calpi, quien lleva el caso ante la Corte IDH, detalló que el proceso comenzó desde el 2012, donde se demandó por inconstitucional la ley 800 y ley 840, puesto que no fueron consultadas con los habitantes de estas zonas.

La especialista enfatizó que a parte de la constitución política, la declaración universal de los pueblos indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), protege a estos territorios de las concesiones aprobadas inconstitucionalmente.

“El Estado otorgó esa concesión y no abordó los procedimientos. Se instituyó un gobierno paralelo y con esas autoridades solo se otorgó un 7% de lo ya acordado. El 93% de las tierras quedaron sin titular para otros fines de intereses estatales, sin tomar en cuenta los intereses comunitarios, entonces, este es el punto principal del proceso”, dijo la jurista a República 18.

Acosta explicó que al no llevarse la ejecución de la obra del Gran Canal Interoceánico, las y los comunitarios denuncian que las autoridades del Frente Sandinista mantienen impuesto sobre sus tierras un arriendo ilegal, donde jamás les pagaron a las comunidades y todo fue un proceso ilegítimo para salvaguardar intereses del Estado.