Orden de captura es para acallar a ambientalista
Ruíz hace referencia a la orden de captura que existe en su contra por presuntamente propagar noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación.
El ambientalista Amaru Ruíz, dio a conocer esta mañana de manera pública la denuncia y orden de captura que existe en su contra, lo que consideró un método para acallar su voz.
Ruiz fungió como director de la ambientalista Fundación del Río, una de las oeneges a la que el régimen de Daniel Ortega arrebató su personería jurídica en diciembre de 2018.
Ambientalista responde
Sabemos que estas acciones “pretende acallar la labor que veníamos realizando en la defensa del medio ambiente y los recursos naturales desde Fundación del Rio”, señaló Ruíz en conferencia de prensa.
Ruíz hace referencia a la orden de captura que existe en su contra por presuntamente violar la Ley 1040 o Ley Especial de Ciberdelitos, precisamente el artículo 30, que habla sobre la “propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación”.
Es por ello que el ambientalista asegura que la orden de captura en su contra responde a las denuncias echas por la masacre de indígenas mayangnas en 2020 y la última ocurrida en agosto de este año.
Orden de arresto por denuncia de masacre
“A partir de ahí, el actuar del Ministerio Público es en función de detenerme con esta orden de captura y continuar con el proceso judicial que está en mi contra”, añade.
Ambos eventos denunciados por la Fundación del Río ocurrieron en el interior de una de las reservas de biósfera más importantes de Centroamérica y dentro de la reserva Mayangna Sauni As, en el municipio de Bonanza.
En ambos eventos, los indígenas mayangnas fueron masacrados por colonos armados, siendo asesinadas 4 personas el 30 de enero de 2020 y 13 el 23 de agosto de este año.
Régimen dejaría de percibir 55 millones de dólares
Según el ambientalista, otra de las rezones por la que el régimen giro una orden de captura en su contra es porque la denuncia de ambas masacres evitaron que el régimen percibiera 55 millones e dólares por parte del Fondo de Carbono del Banco Mundial.
La entrega de estos fondos también abría sido suspendidos porque el régimen no pudo demostrar la implementación efectiva de los mismos.
“Lo que está en evidencia son los procesos de deforestación que propicia el Estado a través de la invitación de colonos armados”, señala.
